¢309 mil millones de ahorro al año es lo que se espera con ley de empleo público

Un ahorro mínimo de ¢309 mil millones al año en el pago de salarios e incentivos, es lo que estima Pilar Garrido, ministra de Planificación, cuando se apruebe la ley de empleo público en la Asamblea Legislativa.

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La iniciativa, que volverá a votarse en primer debate por disposición de la Sala IV, ordenaría el régimen de salarios de la administración pública, al crear un puñado de categorías salariales, a la vez que establece un monto máximo para toda la administración pública.

La idea, es que ningún funcionario nuevo gane más que el Presidente de turno, lo que equivaldría a unos ¢7 millones.

En los casos en que un trabajador ya tenga una remuneración por encima de ese monto, se le congelarían los incentivos y los aumentos salariales por costo de vida.

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Por otra parte, se fijaría un salario global para toda la administración pública, con el objetivo, de que se pague el mismo salario en todas las instituciones estatales por iguales responsabilidades.

“La expectativa de ahorro oscila en un rango del 1,04% del PIB y de 0,81% del PIB en un escenario de exclusión total de las autónomas”, dijo Garrido a LA REPÚBLICA.

En el mejor de los escenarios el ahorro sería de ¢397 mil millones y en el otro extremo de ¢309 mil millones, aclaró el Ministerio de Planificación.

La diferencia se debe a que el voto de la Sala IV que declaró ilegal la ley de empleo público a inicios de agosto, estableció que el Poder Judicial, las Municipalidades, las Universidades Públicas y otras instituciones, tienen autonomía en materia de empleo y por ello, no pueden someterse a la jerarquía del Ministerio de Planificación.

Ante este panorama, la ley considera como “comunes” a un grupo de funcionarios de esas instituciones, que por sus funciones generales, sí podrían considerarse para el salario global y con ello, procedería el congelamiento de aumentos e incentivos.

De cuántos funcionarios se trata, es algo que todavía no está claro aún y por ello, las expectativas de ahorro por la ley de empleo público difieren en ¢90 mil millones al año.

En total, esas instituciones agrupan a más de 50 mil personas.

En ese sentido, Garrido aclaró que aunque las instituciones en cuestión tendrán un grado de autonomía, al final del día tendrían que someterse al salario máximo y al salario global.

“Lo que la ley señala es que la Caja, las universidades, las municipalidades, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y el TSE no están sujetos a la potestad de dirección del Poder Ejecutivo; es decir, a la rectoría de Mideplan en materia de empleo público; pero sí están sujetos a la ley. En términos de remuneraciones estarán sujetos sin excepción a un salario único definido técnicamente mediante la metodología de valoración del trabajo y que nunca podrá superar la remuneración de quien ostente la Presidencia”, dijo Garrido.

La ley de empleo público será el proyecto estrella del gobierno en la Asamblea Legislativa a partir de este lunes, cuando arranquen las sesiones extraordinarias del Congreso, que es el período, en donde el presidente define la agenda de debate de los congresistas.

Y es que la iniciativa de empleo público es de vital importancia para continuar con el crédito ampliado que firmó el país con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y que garantizaría estabilidad económica al país.

“Incumplir con la medida macroestructural de empleo público, compromete los desembolsos siguientes del programa, y por ende pone en riesgo la continuidad del acuerdo con el FMI; asimismo, envía una señal negativa a los mercados que podrían resultar en una afectación significativa del rendimiento de los bonos de Hacienda”, finalizó Garrido.