Desorden salarial: ganancia de pocos
Oscar Rodriguez [email protected] | Lunes 11 junio, 2012
Crece planilla estatal hasta un 50% en cuatro años
Desorden salarial: ganancia de pocos
Rehúsa gobierno revisar distribución de empleo público
El desorden en el sistema de contratación del Estado permite el beneficio de los empleados públicos sobre el resto del país que lo financia con impuestos y tarifas de servicios públicos.
La existencia de más de un centenar de privilegios y pluses salariales genera que la planilla gubernamental engruese. En tan solo cuatro años creció más de un 50%.
La solución sería una revisión del empleo público. Sin embargo, la administración de Laura Chinchilla rehúsa esa posibilidad, pese a reconocer que el pago de salarios es el mayor detonador del gasto público y por ende del déficit fiscal.
Mientras que el Estado controla y favorece el establecimiento de un sistema de salarios mínimos estricto en las empresas privadas, el sector público es un mar de abundancia.
La carencia de un único régimen de contratación permite que haya trabajadores públicos que ganan hasta siete veces más que otros que realizan funciones parecidas y no necesitan requisitos adicionales para dicho cargo.
De hecho hay un crisol de puestos dentro del Estado que permite que haya más de una decena de categorías de enfermeras en la Caja de Seguro Social, por ejemplo.
Mientras que un profesional de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos tiene un salario base del doble de alguien con las mismas características en el Ministerio de Educación.
“Hay disparidades salariales irrazonables y desproporcionadas, las cuales oscilan entre el 225% y el 614% del salario reconocido para algunos funcionarios”, descubrió la Contraloría General de la República.
Actualmente el Estado tiene una fuerza laboral de poco más de 350 mil personas, mientras que en el sector privado son más 800 mil.
Las diferenciaciones en los sueldos ocurren porque el Estado ha permitido una diversidad de privilegios entre sus instituciones.
Las mayores disparidades suceden en las descentralizadas y en algunas empresas públicas.
Esto ocurre porque la relación entre el patrono y los trabajadores es establecida a través de convenciones colectivas.
En estos contratos, los trabajadores negocian sus condiciones laborales con sus jerarcas políticos y en muchos casos no prima ningún parámetro financiero para el otorgamiento de los privilegios.
En el Régimen de Servicio Civil sí hay mayor control y estandarización en los puestos. Sin embargo, solo los ministerios están bajo este sistema.
El resto de las instituciones públicas es regido por sus propias directrices.
Es precisamente esta situación la que generó, en tan solo cuatro años, un crecimiento de la planilla estatal de más de un 50%.
El problema actual es que no hay forma de limitar el aumento de la planilla de más de un centenar de instituciones.
Son los propios jerarcas de estos entes quienes determinan los límites.
No hay un órgano rector que restrinja los abusos salariales.
Los más recurrentes son las alzas extraordinarias y los beneficios extras que representan hasta un 60% del salario de un empleado.
La Contraloría y la Presidencia solo pueden instarlos a contratar menos personal, pero no obligarlos a detener el crecimiento de la planilla, pese a que son entes públicos.
Incluso hay entes que no cumplen con la directriz de restricción del gasto.
Por cierto que el Gobierno desechó revisar el actual sistema de empleo público.
El objetivo era regular el crecimiento de los burócratas, argumentaba una directriz presidencial de noviembre pasado, posteriormente derogada.
Sin embargo, la administración de Laura Chinchilla aceptó negociar con los líderes gremiales los cambios en la contratación de burócratas.
Pese a que los sindicatos advirtieron, desde un inicio, que no renunciarán a la rebaja de sus derechos laborales.
Con lo cual la posibilidad de hacer alguna reforma que frene el crecimiento del Estado es poco probable.
La salida por la cual ha optado el Gobierno es la de obligar a todos los entes públicos, con excepción del Instituto Costarricense de Electricidad, a entregar al Ministerio de Hacienda su información sobre empleo, salarios, gasto total y endeudamiento.
Dicha propuesta está contemplada entre las medidas fiscales extraordinarias presentadas en abril pasado.
Sin embargo, se requiere la aprobación de la Asamblea Legislativa para que el Gobierno pueda emitir lineamientos sobre gasto público.
Aunque dichas directrices continuarían sin ser de acatamiento obligatorio para las instituciones con autonomía.
Oscar Rodríguez
[email protected]
Desorden salarial: ganancia de pocos
Rehúsa gobierno revisar distribución de empleo público
El desorden en el sistema de contratación del Estado permite el beneficio de los empleados públicos sobre el resto del país que lo financia con impuestos y tarifas de servicios públicos.La existencia de más de un centenar de privilegios y pluses salariales genera que la planilla gubernamental engruese. En tan solo cuatro años creció más de un 50%.
La solución sería una revisión del empleo público. Sin embargo, la administración de Laura Chinchilla rehúsa esa posibilidad, pese a reconocer que el pago de salarios es el mayor detonador del gasto público y por ende del déficit fiscal.
Mientras que el Estado controla y favorece el establecimiento de un sistema de salarios mínimos estricto en las empresas privadas, el sector público es un mar de abundancia.
La carencia de un único régimen de contratación permite que haya trabajadores públicos que ganan hasta siete veces más que otros que realizan funciones parecidas y no necesitan requisitos adicionales para dicho cargo.
De hecho hay un crisol de puestos dentro del Estado que permite que haya más de una decena de categorías de enfermeras en la Caja de Seguro Social, por ejemplo.
Mientras que un profesional de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos tiene un salario base del doble de alguien con las mismas características en el Ministerio de Educación.
“Hay disparidades salariales irrazonables y desproporcionadas, las cuales oscilan entre el 225% y el 614% del salario reconocido para algunos funcionarios”, descubrió la Contraloría General de la República.
Actualmente el Estado tiene una fuerza laboral de poco más de 350 mil personas, mientras que en el sector privado son más 800 mil.
Las diferenciaciones en los sueldos ocurren porque el Estado ha permitido una diversidad de privilegios entre sus instituciones.
Las mayores disparidades suceden en las descentralizadas y en algunas empresas públicas.
Esto ocurre porque la relación entre el patrono y los trabajadores es establecida a través de convenciones colectivas.
En estos contratos, los trabajadores negocian sus condiciones laborales con sus jerarcas políticos y en muchos casos no prima ningún parámetro financiero para el otorgamiento de los privilegios.
En el Régimen de Servicio Civil sí hay mayor control y estandarización en los puestos. Sin embargo, solo los ministerios están bajo este sistema.
El resto de las instituciones públicas es regido por sus propias directrices.
Es precisamente esta situación la que generó, en tan solo cuatro años, un crecimiento de la planilla estatal de más de un 50%.
El problema actual es que no hay forma de limitar el aumento de la planilla de más de un centenar de instituciones.
Son los propios jerarcas de estos entes quienes determinan los límites.
No hay un órgano rector que restrinja los abusos salariales.
Los más recurrentes son las alzas extraordinarias y los beneficios extras que representan hasta un 60% del salario de un empleado.
La Contraloría y la Presidencia solo pueden instarlos a contratar menos personal, pero no obligarlos a detener el crecimiento de la planilla, pese a que son entes públicos.
Incluso hay entes que no cumplen con la directriz de restricción del gasto.
Por cierto que el Gobierno desechó revisar el actual sistema de empleo público.
El objetivo era regular el crecimiento de los burócratas, argumentaba una directriz presidencial de noviembre pasado, posteriormente derogada.
Sin embargo, la administración de Laura Chinchilla aceptó negociar con los líderes gremiales los cambios en la contratación de burócratas.
Pese a que los sindicatos advirtieron, desde un inicio, que no renunciarán a la rebaja de sus derechos laborales.
Con lo cual la posibilidad de hacer alguna reforma que frene el crecimiento del Estado es poco probable.
La salida por la cual ha optado el Gobierno es la de obligar a todos los entes públicos, con excepción del Instituto Costarricense de Electricidad, a entregar al Ministerio de Hacienda su información sobre empleo, salarios, gasto total y endeudamiento.
Dicha propuesta está contemplada entre las medidas fiscales extraordinarias presentadas en abril pasado.
Sin embargo, se requiere la aprobación de la Asamblea Legislativa para que el Gobierno pueda emitir lineamientos sobre gasto público.
Aunque dichas directrices continuarían sin ser de acatamiento obligatorio para las instituciones con autonomía.
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