Anonimato de los costarricenses estaría en peligro de aprobarse proyecto sobre datos biométricos

Que usted camine por la calle sin ser identificado por el Gobierno podría cambiar drásticamente, de aprobarse el proyecto de ley para la creación de un repositorio nacional de datos biométricos.

La iniciativa, recién aprobada por la Comisión Permanente de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa, pretende recabar datos biométricos de los costarricenses sin límite alguno, con el fin de facilitar el trabajo del reconocimiento de personas que cometan algún delito.

Los datos biométricos pueden ser las huellas dactilares, el ADN, la lectura de la retina o el iris, el reconocimiento facial, de la voz, o vascular; la geometría de la mano, o también características comportamentales como la forma de escribir en un teclado o de firmar.

A través de la videovigilancia, con reconocimiento facial se podría identificar a cualquier persona que transite por la vía pública o incluso en espacios privados como centros comerciales, acabando así con el anonimato.

Lo mismo pasaría con los vehículos en carretera, que podrían ser seguidos y fotografiados sin consentimiento de los propietarios.

“El camino al infierno está plagado de buenas intenciones, y sin duda este proyecto es un buen ejemplo de lo anterior, ya que atropella el derecho a la intimidad de los habitantes y, sobre todo, el de protección de datos personales. Curiosamente la Comisión olvidó consultarlo con el órgano técnico encargado de la materia, la Agencia de Protección de Datos Personales de los Habitantes”, dijo Mauricio París, socio de ECIJA Legal y especialista en Protección de Datos.

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El Gobierno, a través del Tribunal Supremo de Elecciones, también tendrá la potestad de comercializar en instituciones públicas y privadas la información biométrica que recabe, de acuerdo con lo estipulado por el proyecto.

Costa Rica sería el primer país del mundo en permitir la comercialización de este tipo de datos personales, según París.

Otra problemática que contiene el proyecto es la usurpación de identidad, ya que la libre comercialización de estos datos podría dar paso al tráfico ilegal de huellas digitales.

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“Es inconcebible que el mismo año en el que el país se generara un escándalo político como el de la UPAD que arrasó con ministros, viceministros, allanó la Casa Presidencial e incluso tiene al presidente de la República Carlos Alvarado denunciado penalmente, un proyecto como este avance silenciosamente en la misma Asamblea Legislativa (…)”, finalizó París.