Claudio Alpízar: “Al ritmo que vamos será obligatorio construir más cárceles que escuelas”

En el marco de un país sacudido por la violencia del narcotráfico, Claudio Alpízar, líder del partido Esperanza Nacional y posible candidato presidencial para las elecciones de 2026, levanta la voz para señalar que al ritmo que vamos, Costa Rica tendrá que construir más cárceles que escuelas y casas de interés social.

El político, cuestiona la estrategia del gobierno de Rodrigo Chaves en materia de seguridad y advierte sobre los riesgos que enfrenta la nación si no se toman medidas integrales y sostenibles.

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Si bien Alpízar reconoce la necesidad de nueva infraestructura penitenciaria, señala que la propuesta llega tarde y parece más una maniobra electoral que una solución estructural al problema.

Además, subraya que el verdadero desafío va más allá de las cárceles: se trata de recuperar la seguridad ciudadana mediante una estrategia que fortalezca las instituciones democráticas, invierta en tecnología y garantice la reinserción social de los reclusos.

En cuanto a la asesoría de El Salvador, Alpízar rechaza la idea de que Costa Rica adopte medidas autoritarias o estados de excepción como solución a la violencia.

Finalmente, el aspirante presidencial hace un llamado a proteger la democracia plena del país y advierte sobre el peligro de que el miedo lleve a los costarricenses a ceder derechos fundamentales a cambio de seguridad. Su mensaje es claro: la lucha contra la criminalidad no debe comprometer las libertades que han hecho de Costa Rica un referente en la región.

¿Cuál es su opinión sobre la intención del gobierno de construir una nueva cárcel con un costo de $35 millones para albergar 5 mil privados de libertad?

El deterioro de la seguridad ciudadana y nacional nos está llevando a priorizar hoy en día la construcción de más espacios carcelarios.

Al ritmo acelerado en que se ha deteriorado la seguridad en el país durante los 3 años que lleva el gobierno de Chaves, nos vamos a ver en la obligación de construir más cárceles que escuelas y casas de interés social.

Sin embargo, es importante que se construya un nuevo centro penitenciario, una tarea que es responsabilidad única del Poder Ejecutivo.

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Lástima que la administración Chaves Robles perdió tanto tiempo peleando con la Asamblea Legislativa y con ocurrencias como las carpas carcelarias, ocurrencia que mostró un desconocimiento total de las necesidades de infraestructura carcelaria, no solamente por el tema de delincuencia, sino, además, por un tema de derechos humanos por el hacinamiento de los privados de libertad.

Requerimos centros penitenciarios que permitan clasificar y distribuir a las personas privadas de libertad de conformidad con los delitos, puesto que no todas las personas terminan en la cárcel por las mismas causas.

Además, de la necesidad de espacios que permitan recuperar socialmente a muchos de ellos, su regeneración.

Hoy se plantea la construcción de un Centro Penitenciario de cara a un proceso electoral, más como una estrategia electoral, puesto que —entre varios lunares del actual gobierno— este es su mayor deuda y el mayor problema del país. Chaves entregará en herencia a su sucesor un país deteriorado enormemente tanto en la seguridad ciudadana como en la nacional.

Si hubiesen aprovechado desde el día uno de su gestión, esta propuesta estaría avanzada. Un centro penal requiere un proceso de gestión que va desde la adquisición de los terrenos y diseño de planos, hasta financiamiento, trámites y los permisos pertinentes para su construcción.

No se construye una cárcel en 3 o 6 meses como lo “vende” hoy el Poder Ejecutivo.

El presidente Chaves impulsa la construcción de una cárcel por $35 millones para 5 mil privados de libertad. Cortesía/La República

¿Cuál sería la mejor solución para brindar seguridad a la población y, al mismo tiempo, reinsertar a estas personas a la sociedad?

Los costarricenses deben tener claro que las responsabilidades en la seguridad de la población las tiene el Poder Ejecutivo, que para este caso en particular lo conforma el Presidente de la República y el Ministro de Seguridad. Las cárceles son necesarias para atender de manera urgente un problema más profundo que se agrava día a día, más con el narcotráfico y sus negocios paralelos avanzando a pasos agigantados en el país.

Si el Presidente de la República no asume su papel de Comandante en Jefe de las fuerzas públicas de defensa civil, como lo establece la Constitución Política, y más bien lo rehúye, será poco lo que se puede hacer.

Urge un Consejo de Seguridad bien integrado y con trabajo permanente, tal y como lo exige el problema número uno del país. Chaves ha sido muy displicente con la atención del tema, hasta ha jugado y politiqueado con un tema muy delicado.

Ciertamente se requieren leyes más determinantes para los delitos, que se han venido dictando en la Asamblea Legislativa actual, y una agilización de la administración de la justicia por parte del Poder Judicial.

Empero, con solo ver la cantidad de instituciones del Poder Ejecutivo involucradas en seguridad, queda claro que es a este a quien le corresponden las acciones inmediatas.

Además, debemos invertir mucho en tecnología para la vigilancia de las comunidades y las fronteras de nuestro país, así como el trabajo conjunto con países fronterizos como Panamá, Nicaragua, Ecuador y Colombia para el tema del narcotráfico y sus negocios paralelos. Por ejemplo, no puede ser que el radar en la Isla de Coco, que es clave para la vigilancia en nuestro Océano Pacífico, no esté en las condiciones requeridas.

Tenemos lanchas, aviones, helicópteros, patrullas y más en abandono por falta de recursos para su mantenimiento. El presupuesto en seguridad debe aumentarse sustancialmente no solamente para tener en mejores condiciones y salarios a nuestra fuerza pública, sino además para la adquisición de equipo y tecnología para el respaldo de sus labores. No podemos dejar la seguridad a los sobrantes de dinero y a las restricciones hacendarias, se debe buscar el dinero sí porque sí, sin contemplaciones ni mezquindad. La seguridad es un eje transversal de toda actividad en el país.

¿Qué opina de que el gobierno de Rodrigo Chaves se haya asesorado en El Salvador?

Somos un país muy diferente, el problema de la seguridad en El Salvador surgió a falta de democracia, que no es solamente votar, sino dotar a la población de buenos sistemas de salud, de educación y de programas sociales para la búsqueda de equidad social, algo que siempre adoleció el país hermano. Además, ellos siempre han tenido ejército y su cultura acepta a esta institución y a la fuerza como determinantes para el tema de seguridad.

La visión cultural del costarricense para recuperar la seguridad nacional y ciudadana va por recuperar y fortalecer esa fórmula que nos dio tantos éxitos: no al ejército, sí a inversión en salud y educación, puesto que ello hace más sostenible un proceso de seguridad a mediano y largo plazo, así como invertir en inteligencia y acción policial para la lucha inmediata del problema.

Además, en El Salvador el instrumento básico para recuperar la seguridad ha sido el estado de excepción —estado de sitio— que consiste en la pérdida de derechos ciudadanos que van desde restringir el derecho de circulación y al debido proceso judicial hasta llegar a limitar el derecho de reunión y asociación. Lo que no creo que los costarricenses estemos dispuestos a aceptar.

En conclusión, somos naciones en temas de seguridad culturalmente diferentes y con causantes muy diferentes para el aumento de la inseguridad.

Si la colaboración es únicamente para desarrollar planos e infraestructura carcelaria, no veo problema en la asesoría.

¿Algo más que desee agregar?

Sí, no quiero dejar de decirle al lector que el problema es grave y delicado para nuestro sistema democrático, puesto que cuando una sociedad tiene miedo, cuando la inseguridad y la muerte empiezan a acechar a los ciudadanos, estos están dispuestos a ceder —por miedo— muchos de los derechos constitucionales que poseen, a ceder en su libertad.

Así ceden ante los gobernantes de turno, los cuales se aprovechan de ese miedo para coartarles derechos constitucionales, inclusive derechos y obligaciones electorales. Ceden ante aquel que, utilizando el miedo, ofrece darles seguridad. Aquí volvemos al ejemplo que al respecto representa El Salvador: sí, el salvadoreño tiene más seguridad, pero a costa de restringir sus derechos ciudadanos.

¿Estamos los costarricenses dispuestos a ceder nuestra democracia plena que ha sido ejemplo mundial por el camino fácil para retomar la seguridad ciudadana? Esta es la gran interrogante que se nos plantea.