Deuda del sector público subiría unos ¢440 mil millones bajo criterio de la Contraloría
Christine Jenkins [email protected] | Martes 24 septiembre, 2019 11:17 a. m.
El endeudamiento del sector público debe contabilizar una diferencia de, al menos, ¢440 mil millones, o un 1,27% del PIB, sobre el dato reportado al cierre del 2018, según el criterio de la Controlaría.
Esta deuda, que incluye los saldos del Gobierno Central más los gobiernos locales, las instituciones y empresas públicas no financieras, llegó a un 71% del PIB en 2018, respecto al 38% que mostraba una década antes, según los datos oficiales.
Sin embargo, el Ministerio de Hacienda debe hacer un registro correcto, ya que la auditoría determinó incertidumbre sobre la razonabilidad de este saldo del endeudamiento, según la Contraloría.
Esto incluye unos ¢190 mil millones de la deuda del Estado con la Caja Costarricense del Seguro Social por encima de la registrado en los estados financieros del Poder Ejecutivo.
Además, identificaron, al menos, ¢130 mil millones debido a la no aplicación de la base del devengo en la determinación del total de endeudamiento del Gobierno Central, lo que significa que no están incluyendo montos devengados como las primas y descuentos de deuda interna y de los intereses devengados de los títulos de deuda externa y préstamos con organismos internacionales.
Otros ¢121 mil millones de fideicomisos de tres instituciones públicas, incluyendo la UCR, no fueron incluidos en la información reportada por la Dirección de Crédito Público.
Cortesía CGR
“Las cifras de las estadísticas de endeudamiento no incorporan la totalidad del endeudamiento interno y externo o bien, la información presenta inconsistencias que afectan la confiabilidad de los datos”, concluye el reporte.
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Por eso, emiten disposiciones de acatamiento obligatorio, a Melvin Quirós, director de Crédito Público, y Rocío Aguilar, ministra de Hacienda.
Entre esto, está registrar las estadísticas del endeudamiento interno y externo del Gobierno Central, sobre la base devengado.
Finalmente, hay también otras dudas que tiene la Contraloría, como una diferencia de ¢22 mil millones entre lo que reportaron una muestra de instituciones.
