Presidente de la Corte se jubiló a los 55 años con una pensión de lujo
Diputados piden renuncia de cuatro magistrados cuestionados
Corte cambia castigo e impone dos meses sin goce de salario
Esteban Arrieta [email protected] | Martes 17 julio, 2018
Al considerar que la credibilidad de la Corte Suprema de Justicia está quedando en entredicho, diputados de varios partidos pidieron la renuncia de cuatro magistrados cuestionados por el caso del cemento chino.
Al cierre de edición, solo Carlos Chinchilla, expresidente de la Corte, se había acogido a su pensión, mientras que Doris Arias, Jesús Ramírez y María Elena Cortés, se mantenían aferrados al cargo, a pesar de la creciente presión.
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Chinchilla se jubiló a los 55 años, ya que el régimen de pensiones del Poder Judicial da ese privilegio al contar con más de 30 años de servicio para la institución, mientras que su pensión sería superior a los ¢8 millones mensuales.
Asimismo, al file de la tarde, se dio a conocer que la Corte plena retiró la amonestación escrita y en su lugar, aprobó un castigo de separación del cargo por dos meses sin retribución salarial para los magistrados cuestionados.
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“La gravedad de los hechos que se investigaban ameritaba la mayor sanción posible y decisión de la Corte Plena. Todo termina con una amonestación que se incorpora al expediente sin mayor repercusión, nuestra fracción iniciará un fuerte control político para debatir, de manera abierta y transparente, los límites de discrecionalidad que ante ciertos temas se tienen en la Corte Suprema de Justicia”, indicó Víctor Morales Mora, jefe de fracción del PAC.
Los magistrados en cuestión se encuentran en el ojo de la tormenta, por haber desestimado una causa de supuesto tráfico de influencias en contra de los exdiputados Otto Guevara, del Movimiento Libertario, y Víctor Morales Zapata, del PAC, a quienes se les señaló con el caso del cemento chino.
Esto, sin importar que varios informes del Organismo de Investigación Judicial determinaron que los exlegisladores mantuvieron más de 1.000 llamadas con Juan Carlos Bolaños, empresario cementero conocido como “El Pulpito”, a quien se señala por ser la piedra angular de un supuesto tráfico de influencias en el Poder Judicial, Casa Presidencial y Asamblea Legislativa.
“Los magistrados de la Sala III están destruyendo la credibilidad del Poder Judicial. ¿Cómo se le va a pedir al pueblo que confíe en la justicia?”, aseveró José María Villalta, líder del Frente Amplio.
Por el momento las agrupaciones políticas están enfocadas en presentar proyectos para cambiar la forma como se sanciona a los altos jerarcas del Poder Judicial, o bien, establecer un nuevo mecanismo para designarlos.
La idea es evitar que actos graves de conducta en la función pública queden impunes.
Legisladores molestos
Los legisladores de todos los partidos criticaron fuertemente a los magistrados cuestionados por el caso del cemento chino.
Carlos Ricardo Benavides
Jefe de fracción
PLN
Debemos revisar también la normativa para la aplicación de las sanciones. No es sensato que esa Ley permita una pena de simple amonestación para faltas graves. La falta, si llega a ser calificada como grave, debe implicar necesariamente la suspensión por días, semanas o meses, dependiendo de su intensidad. La llamada de atención debe estar reservada solo para las faltas leves.
Nielsen Pérez
Diputada
PAC
Existe el compromiso del PAC de valorar la no reelección de estas personas cuando se dé el momento.
Por este mismo caso otras personas funcionarias del Poder Judicial, vinculadas a este supuesto caso de tráfico de influencias, tuvieron sanciones mayores que las impuestas a los magistrados de la Sala Tercera.
Jonathan Prendas
Diputado
Restauración
No era ético, ni moral que un funcionario tan cuestionado siguiera en la función pública.
Es urgente hacer reformas sustanciales al régimen del Poder Judicial y a la forma en que se eligen los magistrados.
La salida del Poder Judicial del magistrado es tardía, debió hacerlo desde hace meses, luego de conocerse su vinculación con el citado caso.