Esta administración no va a permitir un apagón de las señales de radio y TV: Paula Bogantes

El reciente anuncio del Gobierno sobre un instrumento legal para evitar el apagón de señales de radio y televisión abierta si no se resuelven los contratos vigentes es todavía un enigma.

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Actualmente, el Ministerio de Ciencia y Tecnología está en conversaciones con la Procuraduría General de la República para determinar cómo garantizar que los ciudadanos no pierdan el acceso a estos servicios tecnológicos gratuitos, indicó Paula Bogantes, jerarca de esta cartera, en entrevista con LA REPÚBLICA.

“Sabemos que la radio y la televisión son bases de la democracia de un país y creemos en la libertad de expresión; tenemos de primero siempre al usuario y sus derechos. Estamos buscando cuál es la herramienta jurídica que podemos utilizar para evitar que un apagón suceda el 28 de junio de este año”, indicó Bogantes.

Asimismo, respecto del pago de cánones anuales por derecho de administración de frecuencias, la solución para acabar con los ‘indignantes’ costos que actualmente estipula la ley (así calificados por el presidente Rodrigo Chaves) podría derivarse de un proyecto de ley propuesto por el legislador liberacionista Oscar Izquierdo para ajustar tales montos.

“Nosotros ya nos reunimos con el diputado para analizar cuál debería ser una forma óptima para la actualización de esta ley, porque aquí estamos hablando de bienes que son de todos los costarricenses y tenemos que ajustar los costos según los tiempos actuales”, señala la funcionaria, quien no descartó que el Gobierno pudiera, eventualmente, presentar su propia iniciativa al Congreso.

En esa línea, el análisis va más allá de los costos, por cuanto se estudian los actuales escenarios que colocan a grandes corporaciones administrando una importante cantidad de frecuencias, mientras que empresas de menor tamaño carecen de la posibilidad de gestionar recursos de este tipo, esto a juicio de Bogantes.

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“Lo que queremos es apoyar a las Pymes, independientemente de la industria, por lo que estamos viendo si, al asignarse una cierta cantidad de bandas, se toma en cuenta el número de empleados que tiene una empresa, o si lo vemos por ingresos, si un oferente que tiene mayores o menores recursos debe pagar un porcentaje proporcional”, apunta.