Exportaciones de chatarreras bajo la lupa
Wilmer Murillo [email protected] | Lunes 04 agosto, 2008
Ventas de este tipo de industrias serán controladas
Exportaciones de chatarreras bajo la lupa
Acueductos y Alcantarillados y el ICE, entre principales víctimas del robo de cable y objetos metálicos
Wilmer Murillo
[email protected]
Con un solo control que se dará a la salida de las exportaciones, el Ministerio de Hacienda reanudará la próxima semana una férrea inspección sobre el negocio de las chatarreras.
Las autoridades sospechan que gran parte de la exportación de las chatarreras proviene del robo de cables y metales.
Con la publicación de un decreto esta semana, las autoridades hacendarias confían no solo en detener la venta de cable robado, sino allegar recursos frescos a sus arcas al poner en regla los negocios de las chatarreras.
Entre los controles establecidos en el decreto está hacer que sean las instituciones afectadas por estos robos, las que les den el visto bueno a las exportaciones y se encarguen de verificar las declaraciones aduaneras.
Entidades como el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Acueductos y Alcantarillados y el Instituto Costarricense de Electricidad se han convertido en las principales víctimas del robo de cable y objetos metálicos, como tapas de alcantarillas, piezas de puentes o cable eléctrico. Solo en el caso del ICE los costos generados ascienden a ¢1.500 millones el último año.
“Hemos concluido un estudio sobre deberes formales de estos negocios y las compraventas para seguir ahora con la inspección de sus exportaciones”, dijo Jenny Phillips, viceministra de Hacienda.
Solamente en San José operan 21 chatarreras que exportan a fundiciones de El Salvador y Honduras.
Por su parte, el programa dirigido a compraventas, casas de empeño y chatarreras para obligarlas a cumplir sus deberes formales con la Tributación ya concluyó. Esta labor ha consistido en verificar el número de negocios en el área metropolitana, determinar si están inscritos como contribuyentes, domicilio fiscal y representaciones legales a derecho.
Tras una “barrida” o control negocio por negocio, se comprobó que existían 21 chatarreras en San José.
En el caso de compraventas y casas de empeño habían reportado actividades 48, pero se detectaron 85, ocho de los cuales operaban en forma oculta y más de diez se reclasificaron pues operaban en regímenes que no correspondían. “Dependiendo, del régimen pagan más o menos impuestos”, aclaró Phillips.
Corroborar que existía el número de chatarreras declarado, lo atribuyó la Viceministra al hecho de que de no estar inscritos no podrían exportar.
Sin embargo, no está claro si las declaraciones aduaneras de estas empresas, algunas de ellas muy grandes, concuerdan con el producto enviado al exterior. Es decir, que pueden estar inscritas, pero realizar eventualmente negocios ilícitos, señaló la Viceministra de Hacienda.
Tras determinar sus deberes formales, “ahora vamos a una segunda etapa para verificar que sus exportaciones no contengan material robado”, dijo Phillips.
Incluye, además, una barrida en zonas rurales para abarcar a mayor número de chatarreras.
Tras la firma del decreto se espera la desaparición de los lugares convertidos en comercios para que la delincuencia venda objetos robados.
Exportaciones de chatarreras bajo la lupa
Acueductos y Alcantarillados y el ICE, entre principales víctimas del robo de cable y objetos metálicos
Wilmer Murillo
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Con un solo control que se dará a la salida de las exportaciones, el Ministerio de Hacienda reanudará la próxima semana una férrea inspección sobre el negocio de las chatarreras.Las autoridades sospechan que gran parte de la exportación de las chatarreras proviene del robo de cables y metales.
Con la publicación de un decreto esta semana, las autoridades hacendarias confían no solo en detener la venta de cable robado, sino allegar recursos frescos a sus arcas al poner en regla los negocios de las chatarreras.
Entre los controles establecidos en el decreto está hacer que sean las instituciones afectadas por estos robos, las que les den el visto bueno a las exportaciones y se encarguen de verificar las declaraciones aduaneras.
Entidades como el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Acueductos y Alcantarillados y el Instituto Costarricense de Electricidad se han convertido en las principales víctimas del robo de cable y objetos metálicos, como tapas de alcantarillas, piezas de puentes o cable eléctrico. Solo en el caso del ICE los costos generados ascienden a ¢1.500 millones el último año.
“Hemos concluido un estudio sobre deberes formales de estos negocios y las compraventas para seguir ahora con la inspección de sus exportaciones”, dijo Jenny Phillips, viceministra de Hacienda.
Solamente en San José operan 21 chatarreras que exportan a fundiciones de El Salvador y Honduras.
Por su parte, el programa dirigido a compraventas, casas de empeño y chatarreras para obligarlas a cumplir sus deberes formales con la Tributación ya concluyó. Esta labor ha consistido en verificar el número de negocios en el área metropolitana, determinar si están inscritos como contribuyentes, domicilio fiscal y representaciones legales a derecho.
Tras una “barrida” o control negocio por negocio, se comprobó que existían 21 chatarreras en San José.
En el caso de compraventas y casas de empeño habían reportado actividades 48, pero se detectaron 85, ocho de los cuales operaban en forma oculta y más de diez se reclasificaron pues operaban en regímenes que no correspondían. “Dependiendo, del régimen pagan más o menos impuestos”, aclaró Phillips.
Corroborar que existía el número de chatarreras declarado, lo atribuyó la Viceministra al hecho de que de no estar inscritos no podrían exportar.
Sin embargo, no está claro si las declaraciones aduaneras de estas empresas, algunas de ellas muy grandes, concuerdan con el producto enviado al exterior. Es decir, que pueden estar inscritas, pero realizar eventualmente negocios ilícitos, señaló la Viceministra de Hacienda.
Tras determinar sus deberes formales, “ahora vamos a una segunda etapa para verificar que sus exportaciones no contengan material robado”, dijo Phillips.
Incluye, además, una barrida en zonas rurales para abarcar a mayor número de chatarreras.
Tras la firma del decreto se espera la desaparición de los lugares convertidos en comercios para que la delincuencia venda objetos robados.