Gais tienen cinco años esperando que se resuelva consulta sobre matrimonio

Al considerar que cinco años de espera son muchos, la comunidad LGTBI hizo un llamado a la Sala Constitucional, para que resuelva de una vez por todas, las acciones de inconstitucionalidad presentadas en torno al matrimonio igualitario.

El reclamo se debe a que a los magistrados votan usualmente en menos 17 meses las consultas de constitucionalidad y de acuerdo con los quejosos ellos esperan desde 2013 y 2015 la resolución de sus asuntos.

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“No conozco ningún otro caso que haya durado tanto en resolverse, ni siquiera otros tan controversiales como la reelección presidencial o la minería de Crucitas. Molesta porque a decir verdad, existe jurisprudencia internacional sobre los derechos humanos y los magistrados la han obviado, afectando nuestras vidas”, dijo Geovanny Delgado, integrante del colectivo Frente por los Derechos Igualitarios.

Para Delgado, el atraso se debería a que los magistrados han decidido postergar el tema por sus posiciones conservadoras y hasta “homofóbicas”.

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El presunto atraso de los magistrados para votar este tema, evita a la comunidad LGTBI dar por terminadas sus opciones legales en el país.

Lo cierto es que la Sala IV no tiene plazos para resolver un reclamo y que en algunos casos se excede el promedio de votación de acuerdo con la complejidad del tema.

“Estos casos se encuentran en estudio aún, debido a la alta complejidad del tema jurídico de fondo. Debe tomarse en consideración que son asuntos en donde intervienen distintas partes y coadyuvantes, quienes han venido presentando diversas gestiones, e incluso, han venido ampliando de forma reiterada sus alegatos y reproches, lo que exige el respectivo estudio de parte de este tribunal”, expresó Fernando Cruz, presidente a.i. de la Sala Constitucional, en una nota enviada a Delgado.

En 2017, los magistrados votaron 304 acciones de inconstitucionalidad y 17 mil asuntos, al contemplar también recursos de amparo, hábeas corpus y otras consultas.

El matrimonio de las personas del mismo sexo y otros derechos de la población LGTBI tomaron gran relevancia durante la última campaña política.

Esto, porque una opinión consultiva de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos a inicios de año, recomendó al país validar la unión homosexual como un matrimonio convencional.

Así las cosas, el electorado se dividió en dos bandos, mientras que el debate legal en torno al tema no se resolvió aún.

En estos momentos, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) estudia si se acoge a la opinión consultiva.

Sin importar qué decida el TSE, es muy probable que al final el tema recaiga en la Sala IV, quien es el máximo tribunal del país.

Otra opción sería que el Gobierno de Costa Rica acepte conciliar ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos con Yashín Castrillo, abogado activista de la comunidad LGTBI.

Si el país accediera a conciliar por el reclamo de Castrillo, automáticamente el caso adquiriría la condición de “cosa juzgada” y así, sería mandatorio para el país aunque la Sala IV no se haya pronunciado.

“El Gobierno puede ser consecuente con su prédica de matrimonio igualitario y pedir una audiencia de conciliación ante la Corte, para que se adquieran compromisos internacionales que son vinculantes para esta administración y para el resto de gobiernos venideros”, dijo Castrillo.

Con un proceso de conciliación en firme, el país podría ser sancionado económica y moralmente por violentar los derechos humanos, en caso de que el Congreso o la Sala IV se nieguen a cumplir.