En las próximas semanas legisladores aprobarían proyecto de ley
ICE alerta de posible alza en la factura eléctrica para hogares por proyecto de generación distribuida
Mercado sería más competitivo y costos de energía serían más baratos para todos, según diputados del PLN y la Unidad
Johnny Castro [email protected] | Lunes 13 septiembre, 2021
Un posible aumento de la tarifa residencial para miles de hogares y la afectación del servicio público, serían las consecuencias en caso de aprobarse la “Ley para la promoción y regulación de recursos energéticos distribuidos a partir de fuentes renovables”, según el ICE.
La iniciativa ya inició su recta final en la Asamblea Legislativa y en teoría se aprobaría en las próximas semanas.
Y es que para el ICE, la redacción del proyecto pretende ir más allá de la motivación inicial, que es promover el autoconsumo.
Esto, porque el plan incentiva la instalación de sistemas de generación que superen la demanda propia, con el objetivo de vender sus excedentes de electricidad, lo que implica que el concepto de servicio público se desvirtúa.
El proyecto en cuestión, tiene como objetivo que las empresas y los hogares que tengan la capacidad económica, instalen en sus propiedades, paneles solares u otros dispositivos para generar su propia electricidad y así autoabastecerse.
En la práctica, esto permitiría a los grandes consumidores desligarse del ICE para generar su propia electricidad, además de vender los excedentes.
Por otra parte, como la institución asumió créditos millonarios para construir plantas hidroélectricas enormes, se vería obligado a trasladar el costo de la factura que hoy pagan esos consumidores, entre el resto de clientes.
“Esto rompe con el esquema de autoconsumo, lo que podría generar impactos negativos al Sistema Eléctrico Nacional y aumentar las tarifas, al incorporar nuevos medios de generación sin la debida planificación y regulación, algo que ya fue señalado por la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos”, dijo el ICE.
El texto establece además que determinados servicios asociados a la distribución eléctrica tendrán una clasificación de “interés general”, eliminando la naturaleza de servicio público, sin precisar las condiciones bajo las cuales se llevará a cabo el proceso de habilitación y regulación de estos por parte de la Aresep.
Pese a los reclamos del ICE, la propuesta cuenta con el respaldo de legisladores de varios partidos como Liberación y la Unidad, además de empresarios.
Esto, porque supuestamente democratizaría la producción energética, además de ampliar la matriz para la producción de energía renovable.
Por otra parte, niegan que haya un aumento en las tarifas.
“Esperamos que la energía se abarate, porque los costos de producción asociados a fuentes renovables requieren de una menor inversión. Antes el mundo pensaba en megaproyectos hidroeléctricos y por eso, el costo energético era alto y se trasladaba al usuario, mientras que ahora, con pequeñas unidades generadoras de electricidad vamos a producir la energía que vamos a consumir, con una gran diferencia de costos.
La idea es mantener una matriz verde de 98%, pero más barata con parques eólicos y fotovoltaicos”, dijo Paola Valladares, diputada del PLN a LA REPÚBLICA anteriormente.
Mientras tanto, Erwen Masís de la Unidad, se refirió a la importancia del proyecto para los usuarios.
“Una vez aprobado el proyecto, permitirá que más usuarios puedan tener acceso a fuentes de energía limpia desde sus casas, comercios o industrias. El costo de la energía eléctrica que hoy pagar los usuarios a las empresas eléctricas es alto, mientras que con este proyecto, hay menor dependencia, ya que la ley permitirá a los interesados producir su propia energía, limpia y de menor costo que adquirirla directamente de la red eléctrica, de ahí la relevancia de este tema”, dijo Masís.
Puntos en discordia
Para el Grupo ICE la iniciativa requiere de mejoras antes de su votación en primer debate en la Asamblea Legislativa para la construcción de un texto de consenso que tenga solidez técnica, así como coherencia con el bloque de legalidad vigente.
- Provocaría una ruptura del esquema de autoconsumo
- No es concordante con la normativa vigente
- Genera un cambio de las áreas de concesión geográfica de las distribuidoras
- Provocaría inseguridad jurídica sobre la generación virtual
- Genera riesgo de afectación en la calidad y la continuidad del servicio eléctrico
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