Implementar plan para dar trazabilidad fiscal a licores aumentará el contrabando

La intención de colocar estampillas o sellos fiscales a las bebidas alcohólicas favorecerían el comercio ilícito e incrementaría el precio de estos productos para el consumidor.

Así lo advirtió la Alianza Transnacional para Combatir el Comercio Ilícito (TRACIT, por sus siglas en inglés), en torno al proyecto de ley que se discute en la Asamblea Legislativa y cuya justificación principal es, precisamente, evitar el contrabando y la adulteración de este tipo de bebidas.

La posición de la Alianza se basa en esquemas similares establecidos en países como Ecuador o Mozambique, los cuales generaron resultados contraproducentes, explicó Esteban Giudici, vocero de TRACIT.

Incluso Ecuador abandonó el programa luego de determinar que costaba a los contribuyentes tres veces más de los ingresos que generaba.

“Al final, la introducción de estos esquemas generó más costos para los Estados de lo que pudieron recaudar en impuestos”, advirtió Giudici.

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En el país también existe un modelo similar, como es el implementado en el Depósito Libre Comercial de Golfito desde 2019, el cual no ha sido efectivo para disminuir el contrabando, destacó José Pablo Brenes, director ejecutivo de la Cámara de Comercio Británica de Costa Rica.

Por el contrario, el aumento del costo del licor por medio de cargas impositivas ha fomentado el contrabando de productos más baratos provenientes de otros mercados, que evaden impuestos, e influyen en el crecimiento de la producción clandestina de licor.

Esto último ha desencadenado en un grave problema de salud, por el uso de grandes cantidades de etanol y la presencia de metanol, un químico que se usa como diluyente de la gasolina.

Este último ha sido identificado en más de diez marcas de licor por parte del Ministerio de Salud y ha provocado 59 intoxicaciones y 25 muertes, sólo en el último mes.

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No obstante a la preocupación de varios sectores, el proyecto que se tramita en el Congreso es respaldado por Elián Villegas, ministro de Hacienda, quien no ve “mayor problema” en la iniciativa, “siempre y cuando ayude en la lucha contra el contrabando y el estudio de costo-beneficio resulte favorable”.