Japdeva rumbo a la quiebra
Danny Canales [email protected] | Miércoles 15 junio, 2011
Rechazo de alza tarifaria ayer amenaza finanzas de puertos del Caribe
Japdeva rumbo a la quiebra
Sindicato denuncia que es una treta de las autoridades para insistir en concesionar muelles
A velocidad crucero, se dirige la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), entidad estatal que opera los puertos del Caribe, rumbo a su quiebra.
La brújula en que la institución confiaba para llegar a tierra firme le falló en el momento menos esperado.
La mala noticia la recibió ayer, cuando la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) anunció el rechazo del aumento tarifario del 21%, con que procuraba esquivar su debacle.
Ahora las únicas salidas a la vista para evitar el naufragio de los puertos del Caribe son que la Aresep se traiga abajo su propia resolución o que Japdeva replantee su solicitud y vuelva a iniciar el trámite de cero.
De lo contrario la entidad portuaria no tendría otra salida que enrumbarse a su cierre técnico, reconoció ayer a LA REPUBLICA, Allan Hidalgo, su presidente ejecutivo.
De aquí al viernes los técnicos de Japdeva presentarán una revocatoria con apelación, adelantó el jerarca, quien reconoció que le sorprendió el rechazo del ajuste de tarifas si la Aresep está reconociendo que la entidad sufre pérdidas.
“A todas luces el rechazo del aumento tarifario es ilegal”, afirmó Hidalgo.
La Autoridad Reguladora está reconociendo que Japdeva sufre un desequilibrio financiero y por ley el único camino que tiene es equilibrar a la entidad porque de lo contrario se afectaría la prestación del servicio, justificó el jerarca de los puertos.
La situación financiera que sufre la entidad portuaria caribeña había sido advertida por LA REPUBLICA en un reportaje publicado el 12 de abril. En esa edición se demuestra que —por segundo año consecutivo— la entidad cerró 2010 con números rojos.
Sumando ambos periodos los muelles caribeños reportaron un déficit por ¢7.385 millones por encima de lo que percibió por la operación de los muelles.
Gran parte del peso del aumento en los gastos que presenta Japdeva está relacionado con los beneficios económicos que reciben los cerca de mil trabajadores afiliados al sindicato tanto en salarios como en beneficios derivados de la convención colectiva de la institución.
Por ejemplo, del presupuesto anual de la entidad para este año, cerca del 75% se destinará a salarios y otros beneficios económicos para los trabajadores.
Fue precisamente el tema de los aumentos salariales que reciben los trabajadores de Japdeva uno de los asuntos que truncaron el alza de tarifas solicitada.
“El gasto por concepto de remuneraciones más cargas sociales presenta una tendencia creciente desde 2002, con una tasa de crecimiento anual promedio del 9,4%”, cuestiona la Aresep en su resolución.
En ese sentido alertó que solo en 2009 y 2010 el incremento fue del 22,48% y del 8,82% respectivamente, y que en relación con la última fijación tarifaria —que se dio en 2003— los gastos por remuneraciones personales casi se han duplicado.
Lo anterior ha llevado en parte a que Japdeva arrastre en la actualidad deudas por el orden de los ¢700 millones con sus proveedores y no tiene claro de dónde obtendrá los recursos para cumplir los compromisos.
Además, se vaticina que Japdeva la tendrá difícil para pagar a sus empleados ¢2.500 millones por concepto de aguinaldo y salario escolar que debe hacer a finales de año y principios de 2012.
Con el aumento solicitado Japdeva aspiraba a recaudar unos ¢5 mil millones, dinero que le serviría además para hacer reparaciones a su maquinaria e incluso arrendar equipo para mejorar su eficiencia.
Otro cuestionamiento que se hace la Aresep es cómo en momentos de crisis Japdeva destinó hasta ¢3.500 millones en obras de desarrollo para Limón, si la ley define que estos gastos deben financiarse con las utilidades que registre la institución.
Tampoco se justificó la revaluación de los activos, que según Japdeva sufren una depreciación del 94%.
Pero ahora la entidad se replantea su futuro, pues aunque recientemente los diputados le eliminaron el límite de endeudamiento de ¢1 millón que tenía Japdeva, con los números rojos que registra le será difícil encontrar quien le preste dinero.
Para los representantes de los trabajadores de Japdeva, el rechazo del aumento tarifario es un “compadre hablado” por parte de las autoridades de la entidad con el fin de debilitarla.
Al quebrar a Japdeva se estaría enrumbando el plan del Gobierno de dar los puertos de Limón y Moín a la empresa privada para que sea esta la que realice las mejoras, denunció Ronaldo Blear, secretario del Sindicato de Trabajadores de Japdeva.
Blear recordó que desde la administración anterior se promovió la concesión de los muelles del Caribe, pero no se ha podido por la oposición de los trabajadores.
El programa portuario del Gobierno comprendía una indemnización de $137 millones distribuida entre los 1.400 trabajadores de Japdeva.
No obstante el plan fracasó porque el 76% de los trabajadores afiliados al sindicato dijo no a la concesión al respaldar la fórmula encabezada por Blear, el cual se oponía a la concesión y reclamaba más recursos al Estado para emprender las mejoras que requieren los puertos del Caribe.
Danny Canales
[email protected]
Japdeva rumbo a la quiebra
Sindicato denuncia que es una treta de las autoridades para insistir en concesionar muelles
La brújula en que la institución confiaba para llegar a tierra firme le falló en el momento menos esperado.
La mala noticia la recibió ayer, cuando la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) anunció el rechazo del aumento tarifario del 21%, con que procuraba esquivar su debacle.
Ahora las únicas salidas a la vista para evitar el naufragio de los puertos del Caribe son que la Aresep se traiga abajo su propia resolución o que Japdeva replantee su solicitud y vuelva a iniciar el trámite de cero.
De lo contrario la entidad portuaria no tendría otra salida que enrumbarse a su cierre técnico, reconoció ayer a LA REPUBLICA, Allan Hidalgo, su presidente ejecutivo.
De aquí al viernes los técnicos de Japdeva presentarán una revocatoria con apelación, adelantó el jerarca, quien reconoció que le sorprendió el rechazo del ajuste de tarifas si la Aresep está reconociendo que la entidad sufre pérdidas.
“A todas luces el rechazo del aumento tarifario es ilegal”, afirmó Hidalgo.
La Autoridad Reguladora está reconociendo que Japdeva sufre un desequilibrio financiero y por ley el único camino que tiene es equilibrar a la entidad porque de lo contrario se afectaría la prestación del servicio, justificó el jerarca de los puertos.La situación financiera que sufre la entidad portuaria caribeña había sido advertida por LA REPUBLICA en un reportaje publicado el 12 de abril. En esa edición se demuestra que —por segundo año consecutivo— la entidad cerró 2010 con números rojos.
Sumando ambos periodos los muelles caribeños reportaron un déficit por ¢7.385 millones por encima de lo que percibió por la operación de los muelles.
Gran parte del peso del aumento en los gastos que presenta Japdeva está relacionado con los beneficios económicos que reciben los cerca de mil trabajadores afiliados al sindicato tanto en salarios como en beneficios derivados de la convención colectiva de la institución.
Por ejemplo, del presupuesto anual de la entidad para este año, cerca del 75% se destinará a salarios y otros beneficios económicos para los trabajadores.
Fue precisamente el tema de los aumentos salariales que reciben los trabajadores de Japdeva uno de los asuntos que truncaron el alza de tarifas solicitada.
“El gasto por concepto de remuneraciones más cargas sociales presenta una tendencia creciente desde 2002, con una tasa de crecimiento anual promedio del 9,4%”, cuestiona la Aresep en su resolución.
En ese sentido alertó que solo en 2009 y 2010 el incremento fue del 22,48% y del 8,82% respectivamente, y que en relación con la última fijación tarifaria —que se dio en 2003— los gastos por remuneraciones personales casi se han duplicado.
Lo anterior ha llevado en parte a que Japdeva arrastre en la actualidad deudas por el orden de los ¢700 millones con sus proveedores y no tiene claro de dónde obtendrá los recursos para cumplir los compromisos.
Además, se vaticina que Japdeva la tendrá difícil para pagar a sus empleados ¢2.500 millones por concepto de aguinaldo y salario escolar que debe hacer a finales de año y principios de 2012.
Con el aumento solicitado Japdeva aspiraba a recaudar unos ¢5 mil millones, dinero que le serviría además para hacer reparaciones a su maquinaria e incluso arrendar equipo para mejorar su eficiencia.
Otro cuestionamiento que se hace la Aresep es cómo en momentos de crisis Japdeva destinó hasta ¢3.500 millones en obras de desarrollo para Limón, si la ley define que estos gastos deben financiarse con las utilidades que registre la institución.
Tampoco se justificó la revaluación de los activos, que según Japdeva sufren una depreciación del 94%.
Pero ahora la entidad se replantea su futuro, pues aunque recientemente los diputados le eliminaron el límite de endeudamiento de ¢1 millón que tenía Japdeva, con los números rojos que registra le será difícil encontrar quien le preste dinero.
Para los representantes de los trabajadores de Japdeva, el rechazo del aumento tarifario es un “compadre hablado” por parte de las autoridades de la entidad con el fin de debilitarla.
Al quebrar a Japdeva se estaría enrumbando el plan del Gobierno de dar los puertos de Limón y Moín a la empresa privada para que sea esta la que realice las mejoras, denunció Ronaldo Blear, secretario del Sindicato de Trabajadores de Japdeva.
Blear recordó que desde la administración anterior se promovió la concesión de los muelles del Caribe, pero no se ha podido por la oposición de los trabajadores.
El programa portuario del Gobierno comprendía una indemnización de $137 millones distribuida entre los 1.400 trabajadores de Japdeva.
No obstante el plan fracasó porque el 76% de los trabajadores afiliados al sindicato dijo no a la concesión al respaldar la fórmula encabezada por Blear, el cual se oponía a la concesión y reclamaba más recursos al Estado para emprender las mejoras que requieren los puertos del Caribe.
Danny Canales
[email protected]