Johnny Araya cuestiona al Gobierno por impulsar ventas ambulantes
Tatiana Gutiérrez Wa-Chong [email protected] | Jueves 14 septiembre, 2017
Eliminar los gritos y los cánticos de los vendedores ambulantes, así como las bolsas de productos tiradas en las calles, se convirtió en la principal lucha del alcalde municipal de San José, Johnny Araya, durante 20 años y que el Gobierno ahora amenaza con lanzar a la basura.
Esto al impulsar un proyecto de ley que dejaría por la libre a estos negocios al reformar el artículo 218 de la Ley General de Salud, el cual obtuvo dictamen unánime en la Comisión de Asuntos Sociales y pasará a su discusión en el Plenario Legislativo los próximos días.
La ley prohíbe en la actualidad otorgar patentes comerciales o industriales o cualquier clase de permiso a establecimientos de alimentos que no hayan obtenido previa autorización del Ministerio de Salud.
Ahora lo que se propone es promover las ventas de productos tradicionales y que se han vuelto parte de la idiosincrasia costarricense como el patí, el vigorón, los prestiños, la carne asada y los tamales sin ningún control, con el objetivo de potenciar la economía principalmente en las zonas rurales.
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“Estoy completamente en contra y critico la medida. El Gobierno lanza por la borda 20 años de lucha. Promueve el comercio informal y obstaculiza el espacio público, en detrimento de la salud de la población. No entiendo por qué está motivando la administración Solís esta medida. Los vendedores ambulantes son un problema en las principales ciudades del mundo, pero en San José ya lo teníamos controlado”, dijo Araya.
Y es que aunque el fin parece loable, lo cierto es que las cámaras empresariales afirman que la proliferación de vendedores ambulantes y de productos de comida sin una supervisión irá en detrimento de la salud y de la seguridad.
“Entendemos que se pusieron de moda los ‘food trucks’ (camiones de comida) y si la intención es darle trabajo a ese pequeño grupo de empresarios podemos apoyar la iniciativa, pero eso tiene que especificarse y reglamentarse, de lo contrario, proliferarían las ventas ambulantes en detrimento de la salud”, aseguró Isabel Vargas, directora ejecutiva de Canatur.
Las autoridades del Ministerio de Salud afirman que la intención es tratar de sacar de la informalidad a todas aquellas personas que trabajen en la calle y que se formalicen de una vez por todas.
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“La reglamentación permitirá definir las nuevas condiciones en las que puedan operar, si es necesario otorgar patentes o no y si se extenderán permisos de salud y por cuánto tiempo”, aseguró William Barrantes, director general del Ministerio de Salud.
El problema de las ventas ambulantes afecta a todas las provincias. En Heredia, la situación está controlada tras fuertes operativos con la policía municipal que tiene cámaras en diferentes puntos.
“Primero, se les llama la atención, pero si reinciden se les decomisa la mercadería y en la mayoría de los casos se lleva a un asilo de ancianos o a la Municipalidad. Estoy completamente en contra de ese proyecto de ley”, aseguró José Manuel Ulate, alcalde de Heredia.
Los ayuntamientos de Flores, Moravia y Cartago también evidencian dudas sobre los efectos que esto pueda provocar para la salud pública; las de Tilarán, Coto Brus, Los Chiles, Hojancha y Esparza están a favor de la iniciativa.
Empresarios en contra
Las cámaras empresariales consideran que la iniciativa debe contar con una regulación más específica del tipo de actividad productiva y comercial que se quiere incentivar.
Mariemilia Morales
Presidenta
Cámara Costarricense de Restaurantes y Afines
Variar la prohibición para la venta de comida ambulante, permitiendo la de frutas, alimentos empacados y preparados representa un ataque directo a los restaurantes, sodas, cafeterías y demás comercios formales que cumplen con todas las obligaciones legales.
Yolanda Fernández
Presidenta
Cámara de Comercio de Costa Rica.
El Gobierno pretende legalizar la informalidad con un discurso populista y sin sentido, amparado a la necesidad de generar empleo, cuando lo necesario es atacar toda actividad ilegal que constituye una amenaza para la estabilidad social costarricense.
Mario Montero
Director ejecutivo
Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria
La regulación debe ser más específica respecto al tipo de actividad productiva y comercial que se pretende incentivar. No queremos que se multipliquen las ventas callejeras y que las ciudades se vuelvan malolientes, sucias y contaminadas, que las aceras estén llenas de comida sin controles higiénicos y sanitarios como si fuéramos un país tercermundista.
Congresistas a favor
Los diputados de la comisión aprobaron el proyecto y afirmaron que la intención es que se les brinde más trabajo a las personas en diferentes partes del país.
Laura Garro
Diputada
Partido Acción Ciudadana
Es un proyecto de buena fe y no pretende nunca ser una competencia para los comerciantes formales, sino darles trabajo a personas humildes: expendedores de copos, patí, cajetas, vigorón para que tengan la oportunidad de ganar más ingresos pero con la supervisión del Ministerio de Salud.
Luis Vásquez
Diputado
Unidad Social Cristiana
La iniciativa permitirá a muchos sectores que se dedican a la venta de algunas comidas tradicionales o típicas que son parte de la idiosincrasia costarricense salir de la informalidad, pero ser vigiladas por el Ministerio de Salud para que los productos que se vendan sean regulados.
Maureen Fallas
Diputada
Liberación Nacional
En la práctica, este tipo de actividades existen y lo que queremos es ponerlas en regla, que las ventas se legalicen, sobre todo aquellas vinculadas con la identidad costarricense, eso sí manteniendo la supervisión del Ministerio de Salud.
Alta cifra
Número de personas que trabajan en la calle (cifras en miles).
| Independientes | 121,1 |
| Dependientes | 76,6 |
| Total | 198,7 |
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Fuente: Cifras del INEC
