Meco y H. Solís podrán seguir participando en concursos promovidos por el Conavi
Danny Canales [email protected] | Lunes 22 noviembre, 2021 11:00 a. m.
Las constructoras investigadas por supuestos actos de corrupción con los programas de mantenimiento vial podrán seguir participando en los concursos de licitación que promueva el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).
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Esto luego de que el Conavi eliminara la cláusula que limitaba la participación de las empresas imputadas en causas judiciales por supuestos actos de corrupción en la ejecución de contratos de obra pública.
El impedimento había sido establecido en las condiciones legales fijadas por Conavi en el concurso que promueve en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop) para contratar los trabajos de chapia en distintas regiones del país.
De acuerdo a los lineamientos de contratación originales, la prohibición de participar era extensiva a subcontratistas ofrecidos dentro de la oferta presentada que realicen trabajos en pavimento, lastre o tierra.
La justificación para impedirles concursar era que habría un alto riesgo de que no pudieran completar las obras contratadas, pues podrían fijárseles medidas cautelares que afectaran la capacidad de ejecución.
Sin embargo, al dar marcha atrás las empresas quedan habilitadas para participar tanto en los concursos de chapia como en los de mantenimiento de vías que promueva el Conavi en Sicop.
Los representantes de Meco y H. Solís habían advertido sobre la ilegalidad de su exclusión, al justificar que se estaba infringiendo el principio de presunción de inocencia pues el proceso en que se les señala se encuentra apenas en la fase de investigación, además que no existe una medida cautelar que les impidiera seguir contratando con el Estado.
Meco y H. Solís fueron salpicadas por el caso Cochinilla y sus máximos representantes guardan prisión preventiva como medida cautelar, mientras los agentes judiciales y fiscales avanzan con la investigación.
Este caso investiga una supuesta trama de corrupción que involucraría a funcionarios públicos y empresarios que, según los investigadores judiciales, habrían empleado ¢78 mil millones para proyectos viales distintos a los establecidos inicialmente.
Cabe destacar que ambas constructoras se han adjudicado la mayoría de contratos viales impulsados por Conavi por varios periodos.
