Megaterminal bajo presión
Danny Canales [email protected] | Miércoles 21 septiembre, 2011
Millonaria obra recibe múltiples denuncias
Megaterminal bajo presión
Legalidad de proyecto saldrá a flote, afirma jerarca de Japdeva
La tensa calma con que había transcurrido durante el último mes el proyecto para construir la megaterminal de contenedores en Moín, se alteró de un pronto a otro.
En cuestión de una semana el proyecto entró en turbulencia, al advertirse que será presentado ante varias instituciones para analizar la legalidad de las actuaciones del Gobierno en la licitación de la millonaria obra.
Además se abrió un viejo debate en el Tribunal Contencioso Administrativo donde se discute la anulación del contrato.
Tres bancadas de la Alianza por Costa Rica están dispuestas a llevar el caso al Ministerio Público, la Contraloría y la Procuraduría General de la República debido a dudas legales que les surgieron luego de estudiar el proceso mediante el cual se le adjudicó el proyecto a la firma holandesa APM Terminals.
Además pedirán que se verifique la veracidad de las declaraciones que emitieron bajo juramento dos funcionarios que comparecieron en la comisión que analizó la concesión.
El estudio legal es solo una de las medidas que plantea el informe de mayoría que presentará hoy en la tarde la comisión legislativa que analizó la concesión portuaria, del que LA REPUBLICA obtuvo una copia de manera anticipada.
El informe lleva la firma de Víctor Emilio Granados, de Accesibilidad sin Exclusión; Walter Céspedes, de la Unidad Social Cristiana, y Manrique Oviedo, de Acción Ciudadana. Aunque el libertario Manuel Hernández participó en la redacción el documento no tiene su firma.
La principal inquietud de los legisladores tiene que ver con 15 prerrogativas que el Gobierno le ofreció a APM Terminals, firma a cargo del proyecto, para facilitarle la construcción del muelle y reducir las tarifas portuarias.
Entre los puntos que se comprometió a realizar el Poder Ejecutivo están la construcción de una carretera que comunique la ruta 32 con el sitio donde se ubicará el nuevo puerto, la cesión de 10 hectáreas y un espacio adicional para extraer materiales.
Esta ayuda no fue incluida en el cartel de licitación que adquirieron todas las empresas que se interesaron en el proyecto sino que fue negociada “en beneficio exclusivo de una única empresa”, cuestiona el informe.
Para conocer si el Gobierno está facultado para beneficiar a una compañía, los legisladores le solicitaron a la Procuraduría un dictamen en ese sentido.
También enviarán ante el Ministerio Público extractos de las declaraciones emitidas en la comisión legislativa por Francisco Jiménez, ministro de Obras Públicas, y Allan Hidalgo, jerarca de Japdeva, que, a criterio de los diputados, no se ajustan a la realidad.
Luego del estudio realizado, los congresistas encontraron que el contrato portuario no posee estudios de impacto ambiental y carece de otros permisos ambientales y financieros, lo que contradice lo que habrían dicho Jiménez e Hidalgo en comisión en torno a que el proyecto contenía esos análisis.
Adicionalmente el sindicato del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones analiza recurrir ante la Fiscalía para cuestionar también algunos presuntos vacíos ambientales del contrato que podrían a futuro afectar la naturaleza de la zona, según supo LA REPUBLICA ayer.
Otra oleada que sufrió el plan portuario se dio la semana anterior, luego de que el juez Hubert Fernández aceptara la apelación presentada por Ronaldo Blear, líder del sindicato de Japdeva, en contra de un fallo anterior que le había negado las medidas cautelares solicitadas contra el proyecto.
Blear había pedido al Tribunal Contencioso Administrativo que se le impidiera al Gobierno firmar el contrato hasta tanto los jueces no se pronunciaran sobre una demanda de nulidad del contrato portuario que presentó en julio, entre otros puntos, porque el proyecto estaría estimulando la creación de un monopolio privado.
Sin embargo, el juez Billy Arroyo le había negado las medidas cautelares en primera instancia al resolver en su momento que la propuesta “se yergue desproporcionada y falta de seriedad”.
Ahora el debate para conocer si se acogen las medidas para anular la firma del contrato o no se llevará a cabo el 20 de octubre.
La intención de los grupos de oposición por traerse abajo el contrato para construir la terminal no desalienta a los funcionarios que impulsan el proyecto. La legalidad del proyecto saldrá a flote, afirma el jerarca de Japdeva.
En ese sentido aseguró que el proyecto no está beneficiando a una sola empresa, como denuncian los diputados, ya que las 15 prerrogativas de las que hablan fueron estipuladas en el cartel.
Además se realizaron los estudios básicos que solicita la legislación para sacar un proyecto a concurso, dice el jerarca de Japdeva, quien desmiente que se esté ante la presencia de la creación de un monopolio privado.
Y fue tajante en decir que está considerando acusar a los diputados por calumnias, por cuestionar la veracidad de las declaraciones que emitió ante la comisión legislativa.
LA REPUBLICA intentó conocer la posición de los representantes de APM Terminals sobre las denuncias, pero aunque se les llamó y se les dejaron mensajes para que devolvieran la llamada, al cierre de edición no había sido posible contactarlos.
El proyecto portuario contempla la construcción de una terminal con una inversión cercana a los $1 mil millones, de 1,5 kilómetros, con una profundidad de 16 metros y equipada con 13 grúas.
Danny Canales
[email protected]
Megaterminal bajo presión
Legalidad de proyecto saldrá a flote, afirma jerarca de Japdeva
La tensa calma con que había transcurrido durante el último mes el proyecto para construir la megaterminal de contenedores en Moín, se alteró de un pronto a otro.
En cuestión de una semana el proyecto entró en turbulencia, al advertirse que será presentado ante varias instituciones para analizar la legalidad de las actuaciones del Gobierno en la licitación de la millonaria obra.
Además se abrió un viejo debate en el Tribunal Contencioso Administrativo donde se discute la anulación del contrato.
Tres bancadas de la Alianza por Costa Rica están dispuestas a llevar el caso al Ministerio Público, la Contraloría y la Procuraduría General de la República debido a dudas legales que les surgieron luego de estudiar el proceso mediante el cual se le adjudicó el proyecto a la firma holandesa APM Terminals.
Además pedirán que se verifique la veracidad de las declaraciones que emitieron bajo juramento dos funcionarios que comparecieron en la comisión que analizó la concesión.
El estudio legal es solo una de las medidas que plantea el informe de mayoría que presentará hoy en la tarde la comisión legislativa que analizó la concesión portuaria, del que LA REPUBLICA obtuvo una copia de manera anticipada.
El informe lleva la firma de Víctor Emilio Granados, de Accesibilidad sin Exclusión; Walter Céspedes, de la Unidad Social Cristiana, y Manrique Oviedo, de Acción Ciudadana. Aunque el libertario Manuel Hernández participó en la redacción el documento no tiene su firma.
La principal inquietud de los legisladores tiene que ver con 15 prerrogativas que el Gobierno le ofreció a APM Terminals, firma a cargo del proyecto, para facilitarle la construcción del muelle y reducir las tarifas portuarias.
Entre los puntos que se comprometió a realizar el Poder Ejecutivo están la construcción de una carretera que comunique la ruta 32 con el sitio donde se ubicará el nuevo puerto, la cesión de 10 hectáreas y un espacio adicional para extraer materiales.
Esta ayuda no fue incluida en el cartel de licitación que adquirieron todas las empresas que se interesaron en el proyecto sino que fue negociada “en beneficio exclusivo de una única empresa”, cuestiona el informe.Para conocer si el Gobierno está facultado para beneficiar a una compañía, los legisladores le solicitaron a la Procuraduría un dictamen en ese sentido.
También enviarán ante el Ministerio Público extractos de las declaraciones emitidas en la comisión legislativa por Francisco Jiménez, ministro de Obras Públicas, y Allan Hidalgo, jerarca de Japdeva, que, a criterio de los diputados, no se ajustan a la realidad.
Luego del estudio realizado, los congresistas encontraron que el contrato portuario no posee estudios de impacto ambiental y carece de otros permisos ambientales y financieros, lo que contradice lo que habrían dicho Jiménez e Hidalgo en comisión en torno a que el proyecto contenía esos análisis.
Adicionalmente el sindicato del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones analiza recurrir ante la Fiscalía para cuestionar también algunos presuntos vacíos ambientales del contrato que podrían a futuro afectar la naturaleza de la zona, según supo LA REPUBLICA ayer.
Otra oleada que sufrió el plan portuario se dio la semana anterior, luego de que el juez Hubert Fernández aceptara la apelación presentada por Ronaldo Blear, líder del sindicato de Japdeva, en contra de un fallo anterior que le había negado las medidas cautelares solicitadas contra el proyecto.
Blear había pedido al Tribunal Contencioso Administrativo que se le impidiera al Gobierno firmar el contrato hasta tanto los jueces no se pronunciaran sobre una demanda de nulidad del contrato portuario que presentó en julio, entre otros puntos, porque el proyecto estaría estimulando la creación de un monopolio privado.
Sin embargo, el juez Billy Arroyo le había negado las medidas cautelares en primera instancia al resolver en su momento que la propuesta “se yergue desproporcionada y falta de seriedad”.
Ahora el debate para conocer si se acogen las medidas para anular la firma del contrato o no se llevará a cabo el 20 de octubre.
La intención de los grupos de oposición por traerse abajo el contrato para construir la terminal no desalienta a los funcionarios que impulsan el proyecto. La legalidad del proyecto saldrá a flote, afirma el jerarca de Japdeva.
En ese sentido aseguró que el proyecto no está beneficiando a una sola empresa, como denuncian los diputados, ya que las 15 prerrogativas de las que hablan fueron estipuladas en el cartel.
Además se realizaron los estudios básicos que solicita la legislación para sacar un proyecto a concurso, dice el jerarca de Japdeva, quien desmiente que se esté ante la presencia de la creación de un monopolio privado.
Y fue tajante en decir que está considerando acusar a los diputados por calumnias, por cuestionar la veracidad de las declaraciones que emitió ante la comisión legislativa.
LA REPUBLICA intentó conocer la posición de los representantes de APM Terminals sobre las denuncias, pero aunque se les llamó y se les dejaron mensajes para que devolvieran la llamada, al cierre de edición no había sido posible contactarlos.
El proyecto portuario contempla la construcción de una terminal con una inversión cercana a los $1 mil millones, de 1,5 kilómetros, con una profundidad de 16 metros y equipada con 13 grúas.
Danny Canales
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