¿Mejorará la recaudación con la entrada en vigor de los nuevos impuestos?

A poco menos de un mes de la entrada en vigencia de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que incorpora cambios importantes en la Ley de Impuesto sobre la Renta, que incluye además un capítulo nuevo sobre las rentas de capital y la nueva ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA), reformando la ley anterior del Impuesto General sobre las Ventas, en dónde en el caso de Renta, se empieza a gravar las ganancias de capital, dado que la ley modificada las consideraba no sujetas, excepto la habitualidad.

Así mismo, incorpora el nuevo régimen de rentas inmobiliarias con una declaración del 15% del 85%, que grava los ingresos de contribuyentes que solo tienen rentas de alquileres de bienes inmuebles, con un sistema de declaración sobre el total de ingresos generados en el mes. Se le resta un total de gasto del 15%, para obtener una renta neta, que sería entonces el 85% de los ingresos, originándose la base imponible sobre la cual se aplica la tarifa del 15%.

En el caso de la nueva Ley de IVA que rige desde el 1 de julio, el cambio más importante es que grava los servicios, sector importante de nuestra economía, que no estaba regulado con la ley anterior de Impuesto General sobre las Ventas. Ahora, los servicios en general tributan una tarifa plena del 13%.

Cuando discutían en la Asamblea Legislativa el proyecto que generó esta ley, se indicó que la recaudación aumentaría aproximadamente de 1,6% a 1.9% del producto interno bruto. Los costarricenses esperamos que realmente se logre esa proyección, porque el gran esfuerzo que está haciendo el pueblo soportando este incremento en tributos, debe necesariamente, manifestarse en un aumento en los recursos públicos, que efectivamente venga a mejorar los ingresos del Estado e incida en la reducción del déficit fiscal.

Desde el inicio de las discusiones en el Congreso, se tenía claro que esta ley no era la solución integral al problema de la constante faltante de recursos, pero que constituía un elemento importante, que viene a reducir el crecimiento del déficit y a generar recaudación de impuestos en sectores que no estaban pagando.

El aumento esperado en la recaudación, no será automático, las autoridades de Hacienda deberán desarrollar y ejecutar un intenso y amplio plan de implementación que permita que la mayoría de los contribuyentes paguen voluntariamente, para que logren el objetivo trazado. Sin embargo, también deben desarrollar acciones inmediatas, como mejor divulgación. Se evidencia una falta total de información sobre las nuevas obligaciones tributarias, no hay claridad, por ejemplo, sobre cuáles son los nuevos contribuyentes del régimen, citado, del 15% del 85%. Hacienda, no logró separar regímenes en el nuevo Impuesto sobre la Renta.

Al haber ahora varios regímenes en el nuevo impuesto sobre la renta, como son, las rentas de activos puestos de operación, conocidas como rentas del título I, que podría ser el régimen de renta tradicional; y para los contribuyentes que tengan rentas pasivas de alquileres, sería oportuno, designar un nuevo régimen, por ejemplo: régimen inmobiliario o rentas pasivas; en fin algo diferente, que permita tener certeza, al consultar en las plataformas de Hacienda el ámbito en que se encuentra inscrito y al que está sujeto a determinadas obligaciones. ¿Por qué digo esto?, resulta que los contribuyentes del nuevo régimen del 15% del 85%, se les cambia la obligación y pago de impuesto de anual a mensual, teniendo que presentar y pagar la primera declaración de renta a más tardar el 15 de agosto del 2019, y esa clasificación no se puede verificar en las plataformas de Hacienda, ya que todos los contribuyentes aparecen inscritos en el régimen de renta tradicional.

De esta misma forma, hay elementos de este plan de implementación que los costarricenses esperamos se estén realizando a lo interno de Hacienda, como: mejoras en la tecnología, con procesos en línea y conexión total, mejora en los controles cruzados, con verificaciones con otras bases de datos, como factura electrónica. Además, capacitaciones permanentes, uniformar criterios, diseño de planes de fiscalización, e incluir programas de fiscalización a los que no declaran, entre otros.