Mismo salario para empleados públicos se cocina a fuego lento para ahorrar ¢300 mil millones al año

¿Cómo deben regularse las convenciones colectivas?, ¿debe permitirse que el Ministerio de Planificación sea el ente rector del empleo público? y ¿cómo implementar un mismo salario para todos los trabajadores estatales con iguales responsabilidades?, son los tres temas que generan dudas en la ley de empleo público que impulsa el gobierno de Carlos Alvarado.

El proyecto tiene el potencial de ahorrar más de ¢300 mil millones al año, según las proyecciones iniciales que hace el Ministerio de Planificación.

Sin embargo, las fracciones de Liberación y la Unidad en el Congreso, aún no terminan de discutir a lo interno si apoyan dicha iniciativa, la cual, se presenta como la principal reforma estructural al Fondo Monetario Internacional.

“Hemos pedido un poco más de oxígeno, de tiempo, para debatir este proyecto a lo interno (…) Vamos a seguir trabajando para tomar una decisión lo más pronto posible”, dijo ayer Luis Fernando Chacón, jefe de fracción de Liberación.

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Establecer un mismo salario para los empleados públicos con iguales responsabilidades, le permitiría al Estado ahorrar más de ¢314 mil millones al año en promedio, según las estimaciones que hace Pilar Garrido, ministra de Planificación.

El ahorro se generaría al congelar los pluses salariales de las mejores remuneraciones del sector público, ya que los funcionarios que tengan un salario por encima del sueldo estándar, no podrán recibir aumentos de ningún tipo.

En los casos en que el trabajador gane menos que el salario único, existirá la posibilidad de hacer un ajuste hacia arriba, por lo que el Estado tendrá que invertir ¢32 mil millones para incorporar al salario global a los 28 mil funcionarios que hoy ganan menos de la remuneración estándar que se fijará.

Sin embargo, este traslado no implicaría un impacto en las finanzas públicas, ya que el Gobierno aplicará a partir del 2021 y por 12 años, la regla fiscal que prohíbe el aumento por costo de vida en las remuneraciones para todo el sector estatal, cuando la deuda pública supere el 60% del PIB.

De esta forma, los salarios públicos quedarían congelados hasta 2033, cuando se prevé que haya un retroceso en el nivel de la deuda.

Al aplicar dicho instrumento y aprobar la ley de empleo público, se lograría un ahorro en el primer año de 0,6% del PIB (¢209 mil millones), mientras que para el año 14, el ahorro superaría el 0,9% del PIB (¢314 mil millones) al año, dijo Garrido.

“En el proyecto impulsamos un transitorio que, dada la situación de la deuda pública, incluya la aplicación de la regla fiscal y contemple los ahorros por anualidades que se dejarán de pagar a quienes se trasladen al salario global. Esto, generará un ahorro desde el año uno de 0,6% del PIB solo en Gobierno Central y alcanzaría un 0,9% del PIB en el año 14. Adicionalmente, contribuimos a la equidad salarial al permitir que personas funcionarias actuales migren al salario global, pero sin presionar las finanzas públicas. Quienes tienen un salario actual superior al global por su parte, verían congelado su salario hasta que se equipare con el global”, explicó Garrido.

La iniciativa ya inició trámite en el plenario para su votación en primer debate y es considerada como la ley “más ambiciosa” en cuanto a la reforma del Estado por parte Garrido.

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La propuesta del gobierno cuenta con el respaldo de todos los partidos en el Congreso; sin embargo, existe preocupación por un artículo del proyecto, que pretende darle al Ministerio de Planificación la rectoría sobre el empleo público, lo cual, podría ser inconstitucional al dejar sin funciones al Servicio Civil.

Esto, por la supuesta injerencia del gobierno de turno en la administración del empleo público, ya que podría utilizarse como una arma político electoral.

En ese sentido, Pedro Muñoz de la Unidad y Roberto Thompson de Liberación Nacional, presentaron otro proyecto de ley.

Ayer, la fracción de la Unidad tenía previsto reunirse para debatir el tema, pero por la tarde se comunicó que no se había logrado realizar el encuentro.

Por otra parte, sindicatos como ANDE y SEC, así como ANEP y el grupo cívico Rescate Nacional anunciaron protestas en contra del proyecto de ley.

““El gobierno insiste en una agenda perversa a pesar de que nos opusimos el año pasado. Nos estamos preparando. Empezaremos a visitar las regiones para hacer un frente unitario para parar el proyecto de empleo público y las negociaciones con el FMI, que lo implica es más impuestos para el pueblo. (…) En los próximos días anunciaremos la fecha en las que volveremos a las calles”, dijo Célimo Guido, dirigente de Rescate Nacional.