Mismo salario para funcionarios se tambalea

Establecer un mismo salario para todos los puestos similares en el sector público se ve complicado todavía.

Aunque el proyecto promete ahorrarle miles de millones de colones al Estado, y en ese aspecto ningún diputado lo cuestiona, existen diversas dudas sobre el plan que obstaculizarían su aprobación en el plenario. El plan ya se dictaminó en la comisión.

Legisladores de Nueva República, Liberación y la Unidad manifestaron su rechazo al salario único en la comisión de Gobierno y Administración del Parlamento.

Quitarle las potestades al servicio civil para trasladarlas al Ministerio de Planificación, es solo uno de los temas que los preocupa, no solo porque sería inconstitucional, sino también, porque otorgaría datos sensibles del sector público al gobierno de turno.

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“Esta plataforma integrada que se pretende le permitirá al Ministerio de Planificación contar con información sensible de todos los empleados públicos, como lo trató de hacer en su momento este gobierno con la Unidad Presidencial de Análisis de Datos o Upad”, dijo Jonathan Prendas, diputado de Nueva República.

El grupo que menciona Prendas tenía como objetivo ayudarle al presidente Carlos Alvarado a tomar decisiones; sin embargo, fue desmantelado por supuestas ilegalidades.

Por estos hechos, la fiscalía abrió una investigación en contra del mandatario por los supuestos delitos de abuso de autoridad, violación de datos y prevaricato.

Otro de los temas que preocupa a los legisladores es que en estos momentos se desconoce si el proyecto de empleo público, en donde se incluye el salario único o global, tendrá un impacto para las finanzas públicas.

Y es que, el plan establece que los funcionarios que ganen menos del futuro salario estándar, podrán pedir un aumento para alcanzar ese mínimo establecido en la nueva ley.

La labor de fijar el salario por puesto, le corresponderá al Ministerio de Planificación y todavía no está claro cuál será la tabla que utilizará para tal fin.

Por otra parte, el plan actual mantiene algunas de las nocivas prácticas que han contribuido con el enorme gasto público, cuyas consecuencias hoy sufrimos todos, además de ser un arma de política electoral, agregó Prendas.

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Otro de los temas que preocupa es la legalidad de las convenciones colectivas.

Esto, porque la iniciativa incluiría a todos los trabajadores del sector público, sin importar si son nuevos funcionarios, o bien, tienen años de trabajar para el Estado.

Asimismo, no hace excepción entre los funcionarios del gobierno central y los que laboran para las instituciones autónomas como Recope, INS, ICE, las universidades y las municipalidades.

Precisamente, David Gourzong, legislador por el partido Liberación Nacional, aseveró la semana pasada en comisión, que la medida debería ser exclusiva para trabajadores del gobierno central.

“Debilitar el servicio civil no es lo correcto, asimismo, la aplicación debe ser estricta para el poder ejecutivo y no para todo el gobierno.

En cuanto a las convenciones colectivas, las leyes deben determinar si los cambios aplican”, agregó Gourzong.

El más preocupado de todos sería Pedro Muñoz de la Unidad, quien consideró al proyecto como un parche, con vicios de ilegalidad, por lo que se requiere una nueva propuesta.