NADA serviría para algo
Fred Blaser - | Jueves 05 julio, 2012
ANALISIS
Aprovechar los próximos dos años, para hacer un Estado eficiente y responsable
NADA serviría para algo
Gobierno solo no puede resolver problemas, en un país dividido
Nada, es probablemente lo que Costa Rica hará durante los próximos dos años, para resolver el problema de un sector público, que cada año gasta dinero que no tiene, y que no ha sido capaz de reducir costos, ni aumentar los ingresos.
Por su parte, tras los escándalos, que han afectado a varios ministros, e incluso provocado la salida de algunos de ellos, la administración actual quedó debilitada.
Mientras tanto, la Asamblea casi no toma decisiones, por estar tan fragmentada.
El gobierno no puede resolver los problemas nacionales, cuando la propia opinión pública está profundamente dividida sobre tantos asuntos importantes.
En estas circunstancias, las posibilidades de hacer la economía más productiva, durante este lapso, son pocas o nulas.
Pero no hacer nada puede ser útil, si aprovecháramos el tiempo, para llegar al menos a un consenso sobre lo que el sector público debe hacer, y cuánto debemos pagar por ello.
En lo que a impuestos se refiere, el Gobierno durante los últimos dos años ha adoptado un enfoque tradicional: el Estado tiene un déficit, por lo tanto, el pueblo debe tributar montos adicionales, con el fin de apoyar al sector público.
Pero el asunto es aún más complejo, hasta el punto de llegar a cuestionarse el papel del gobierno en sí.
Desde la perspectiva de los contribuyentes, se espera que el Estado cumpla, entre sus diversos papeles, con decidir cuáles fármacos son seguros, en lugar de dejar esa decisión potencialmente peligrosa, en manos de los productores.
Probablemente también deseamos tener un sistema de escuelas públicas, con el fin de contar con los mismos lineamientos nacionales de formación.
Pero encargar al sector público una tarea no es suficiente, a menos que el Estado demuestre que nuestro dinero —que financia su operación— es bien invertido.
Hace dos años, la Asamblea (por unanimidad, nada menos) incrementó el presupuesto del sistema de educación pública del 6% al 8% del valor de la producción nacional —una diferencia anual de alrededor de $800 millones (¢400 mil millones), una vez implementado— sin que el Ministerio de Educación efectivamente demuestre, cómo va a gastar esta enorme cantidad de dinero.
En lo que a infraestructura se refiere, el Ministerio de Transportes cuenta con cerca de 4 mil empleados, cuyos salarios y beneficios anualmente cuestan más de $500 millones (¢250 mil millones), mientras que las carreteras del país están colapsando.
Problemas similares existen en otros ministerios, así como en muchas de las llamadas instituciones autónomas.
Para ayudar a solucionar el problema, una de las cosas que el Gobierno puede hacer, durante los próximos dos años, es conseguir que cada ministerio e institución empiece a publicar una memoria anual, en la que nos diga en cristiano, pero también revele detalles adecuados, sobre qué está haciendo con nuestro dinero.
El sector privado en su mayor parte no se opone a pagar más impuestos.
Pero los contribuyentes necesitan —y tienen el derecho de entender— por qué estos tributos pueden ser necesarios. Si el Gobierno se niega a contabilizar lo que está haciendo, podemos hacerlo nosotros, estimando los costos y beneficios de las operaciones del sector público, y así decidir si apoyar o no una estrategia en particular, o elegir a otros representantes, que ofrezcan un mejor plan.
Otro de los principales desafíos que enfrentamos en la reforma del Estado, implica —probablemente— una reducción del tamaño del sector público.
Esto a su vez significa definir los derechos de los trabajadores, incluso los del sector público, que representan más del 80% del presupuesto anual del Gobierno.
Bajo el régimen actual, un trabajador del Estado, en muchos casos tiene privilegios, que superan significativamente los beneficios, que están a disposición de su contraparte en el sector privado.
Estos incluyen grandes aumentos, más días de vacaciones, y cesantía adicional, por no hablar de una variedad de beneficios, tales como antigüedad y dedicación exclusiva.
El efecto combinado de los costos de estos privilegios, y un aumento en el tamaño de la fuerza laboral del sector público, es que el Gobierno ha tenido en cada uno de los dos últimos años un déficit de alrededor de $1 mil millones (¢500 mil millones), como es probable que lo haga en 2012, con el fin básicamente de pagar los salarios y los costos relacionados con mucha de esta deficiencia financiada por préstamos de los fondos de pensión de la clase media, con el riesgo que esto podría significar.
La mejor manera de lidiar con el problema, al menos desde el punto de vista del sector privado, consiste en cortar los gastos de personal.
El proceso puede ser gradual, pero sin importar el tiempo que toma, implica una combinación de jubilaciones anticipadas, despidos y congelación de salarios, tanto en el Gobierno central, como en las instituciones autónomas.
Los portavoces del sector laboral, por su parte podrían reclamar justicia social, exigiendo más bien una transferencia de la riqueza de los capitalistas, a fin de garantizar que los trabajadores del sector privado, obtengan los mismos beneficios que los empleados estatales.
En cualquier caso, la cuestión tiene que ser debatida abiertamente, con el fin de alcanzar, si no un consenso, por lo menos una opinión de la mayoría, que le permita al país avanzar.
Tomando en cuenta las profundas divisiones entre el sector privado y el Estado, es probable que no suceda mucho durante los próximos dos años.
Pero sí podemos aprovechar el tiempo para tener un amplio debate acerca de estas y otras cuestiones fundamentales; no hacer nada habrá logrado algo.
Fred Blaser
Co-Presidente
La República
Aprovechar los próximos dos años, para hacer un Estado eficiente y responsable
NADA serviría para algo
Gobierno solo no puede resolver problemas, en un país dividido
Nada, es probablemente lo que Costa Rica hará durante los próximos dos años, para resolver el problema de un sector público, que cada año gasta dinero que no tiene, y que no ha sido capaz de reducir costos, ni aumentar los ingresos.
Por su parte, tras los escándalos, que han afectado a varios ministros, e incluso provocado la salida de algunos de ellos, la administración actual quedó debilitada.
Mientras tanto, la Asamblea casi no toma decisiones, por estar tan fragmentada.
El gobierno no puede resolver los problemas nacionales, cuando la propia opinión pública está profundamente dividida sobre tantos asuntos importantes.
En estas circunstancias, las posibilidades de hacer la economía más productiva, durante este lapso, son pocas o nulas.
Pero no hacer nada puede ser útil, si aprovecháramos el tiempo, para llegar al menos a un consenso sobre lo que el sector público debe hacer, y cuánto debemos pagar por ello.
En lo que a impuestos se refiere, el Gobierno durante los últimos dos años ha adoptado un enfoque tradicional: el Estado tiene un déficit, por lo tanto, el pueblo debe tributar montos adicionales, con el fin de apoyar al sector público.
Pero el asunto es aún más complejo, hasta el punto de llegar a cuestionarse el papel del gobierno en sí.
Desde la perspectiva de los contribuyentes, se espera que el Estado cumpla, entre sus diversos papeles, con decidir cuáles fármacos son seguros, en lugar de dejar esa decisión potencialmente peligrosa, en manos de los productores.
Probablemente también deseamos tener un sistema de escuelas públicas, con el fin de contar con los mismos lineamientos nacionales de formación.
Pero encargar al sector público una tarea no es suficiente, a menos que el Estado demuestre que nuestro dinero —que financia su operación— es bien invertido.
Hace dos años, la Asamblea (por unanimidad, nada menos) incrementó el presupuesto del sistema de educación pública del 6% al 8% del valor de la producción nacional —una diferencia anual de alrededor de $800 millones (¢400 mil millones), una vez implementado— sin que el Ministerio de Educación efectivamente demuestre, cómo va a gastar esta enorme cantidad de dinero.
En lo que a infraestructura se refiere, el Ministerio de Transportes cuenta con cerca de 4 mil empleados, cuyos salarios y beneficios anualmente cuestan más de $500 millones (¢250 mil millones), mientras que las carreteras del país están colapsando.
Problemas similares existen en otros ministerios, así como en muchas de las llamadas instituciones autónomas.
Para ayudar a solucionar el problema, una de las cosas que el Gobierno puede hacer, durante los próximos dos años, es conseguir que cada ministerio e institución empiece a publicar una memoria anual, en la que nos diga en cristiano, pero también revele detalles adecuados, sobre qué está haciendo con nuestro dinero.
El sector privado en su mayor parte no se opone a pagar más impuestos.
Pero los contribuyentes necesitan —y tienen el derecho de entender— por qué estos tributos pueden ser necesarios. Si el Gobierno se niega a contabilizar lo que está haciendo, podemos hacerlo nosotros, estimando los costos y beneficios de las operaciones del sector público, y así decidir si apoyar o no una estrategia en particular, o elegir a otros representantes, que ofrezcan un mejor plan.
Otro de los principales desafíos que enfrentamos en la reforma del Estado, implica —probablemente— una reducción del tamaño del sector público.
Esto a su vez significa definir los derechos de los trabajadores, incluso los del sector público, que representan más del 80% del presupuesto anual del Gobierno.
Bajo el régimen actual, un trabajador del Estado, en muchos casos tiene privilegios, que superan significativamente los beneficios, que están a disposición de su contraparte en el sector privado.
Estos incluyen grandes aumentos, más días de vacaciones, y cesantía adicional, por no hablar de una variedad de beneficios, tales como antigüedad y dedicación exclusiva.
El efecto combinado de los costos de estos privilegios, y un aumento en el tamaño de la fuerza laboral del sector público, es que el Gobierno ha tenido en cada uno de los dos últimos años un déficit de alrededor de $1 mil millones (¢500 mil millones), como es probable que lo haga en 2012, con el fin básicamente de pagar los salarios y los costos relacionados con mucha de esta deficiencia financiada por préstamos de los fondos de pensión de la clase media, con el riesgo que esto podría significar.
La mejor manera de lidiar con el problema, al menos desde el punto de vista del sector privado, consiste en cortar los gastos de personal.
El proceso puede ser gradual, pero sin importar el tiempo que toma, implica una combinación de jubilaciones anticipadas, despidos y congelación de salarios, tanto en el Gobierno central, como en las instituciones autónomas.
Los portavoces del sector laboral, por su parte podrían reclamar justicia social, exigiendo más bien una transferencia de la riqueza de los capitalistas, a fin de garantizar que los trabajadores del sector privado, obtengan los mismos beneficios que los empleados estatales.
En cualquier caso, la cuestión tiene que ser debatida abiertamente, con el fin de alcanzar, si no un consenso, por lo menos una opinión de la mayoría, que le permita al país avanzar.
Tomando en cuenta las profundas divisiones entre el sector privado y el Estado, es probable que no suceda mucho durante los próximos dos años.
Pero sí podemos aprovechar el tiempo para tener un amplio debate acerca de estas y otras cuestiones fundamentales; no hacer nada habrá logrado algo.
Fred Blaser
Co-Presidente
La República