Nueva concesión en Moín va a juicio
Danny Canales [email protected] | Miércoles 01 junio, 2011
Causa planteada por bananeros para anular contrato de puerto de contenedores llevaría trámite preferente
Nueva concesión en Moín va a juicio
“Hemos seguido un proceso profesional y transparente”, afirma vocero de APM Terminals, empresa que ganó contrato
Los bananeros se han adjudicado una victoria en la lucha que libran contra el proyecto de concesión que promueve la construcción de una megaterminal de contenedores en Moín, Limón.
El juez Daniel Aguilar, quien tramita la causa en que los exportadores de fruta solicitan anular el contrato portuario, rechazó el 25 de mayo la petición de archivar el caso, como solicitaron el Consejo Nacional de Concesiones y APM Terminals, grupo holandés al que se le adjudicó el proyecto.
En cambio, Aguilar sugirió al Tribunal Contencioso Administrativo darle trámite preferente a la denuncia de los bananeros por la “urgencia, necesidad y trascendencia para el interés público”.
Con una inversión de $992,2 millones, la construcción del puerto especializado en la atención de contenedores es la obra de infraestructura más grande que haya promovido el país hasta ahora.
Pero el proyecto presentaría 71 inconsistencias legales que ameritan anularlo e iniciar un nuevo concurso con las debidas correcciones, asegura Randall Quirós, representante de la Cámara Nacional de Bananeros.
La principal queja que tienen los exportadores es cómo se fijaron las tarifas de $240 que se van a cobrar por contenedor, si no se tiene un estudio de factibilidad económica que defina la inversión que se necesita.
Al no haber un estudio económico, la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep) hizo la salvedad de que elaboró una ecuación matemática para definir los cobros a futuro, no las tarifas máximas en sí, aseguró Quirós.
Este caso se asemeja al del aeropuerto Juan Santamaría, el cual estuvo años paralizado por reclamos financieros presentados posterior a que la empresa Alterra Partners (a la que se le adjudicó el proyecto) asumiera la obra, alertó el representante de los bananeros.
La causa presentada por los bananeros es en contra del Consejo Nacional de Concesiones, la Procuraduría y la Contraloría General de la República, la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica, Aresep y APM Terminals.
LA REPUBLICA intentó obtener la posición de la contraparte, pero a pesar de que desde el lunes tramitó una entrevista con Edwin Rodríguez, jerarca del Consejo de Concesiones, al cierre de esta nota aún no se tenía respuesta alguna.
En cambio, en APM Terminals garantizaron que “han seguido un proceso profesional y transparente para lograr la concesión para el diseño, financiamiento, construcción y operación de la nueva terminal y el deseo es seguir adelante, a paso firme para dotar a Costa Rica de una obra de clase mundial”, según Paul Gallie, director general de la empresa.
LA REPUBLICA supo que el Gobierno seguirá con el trámite de la concesión paralelamente a la presentación de sus descargos ante el Tribunal Contencioso Administrativo, con la intención de firmar el contrato por ahí de agosto.
Y es que a pesar de que el caso será elevado a juicio, el Gobierno se había adjudicado un triunfo con anterioridad, al lograr que el mismo juez Aguilar rechazara —el 15 de abril— la medida cautelar solicitada por los bananeros para que se impidiera la firma del contrato.
En ese entonces el juez tramitador resolvió que se trataba de una acción cautelar prematura, dado que no había una acción de gobierno que provocara un daño al erario, además de que no se había agotado la vía administrativa pues aún quedaba una apelación pendiente en la Contraloría, la cual fue desestimada una semana después.
No obstante, en caso de que el contrato se llegue a firmar y refrendar por parte de la Contraloría, los bananeros temen que si el Tribunal Contencioso Administrativo les diera la razón en la disputa legal, el Estado se vea obligado a indemnizar al concesionario por una suma millonaria.
Esta situación evoca lo sucedido con la cárcel de Pococí, la cual fue adjudicada en concesión a la empresa TCM y luego el Gobierno desistió del proyecto, por lo que la empresa está solicitando una indemnización de $110 millones sin haber construido la obra, advirtió Quirós.
Ante la solicitud presentada por el juez Aguilar de dar trámite preferente a la causa actuada por la Cámara de Bananeros, el caso pasará a estudio de la Sección Sexta del Tribunal Contencioso Administrativo. Serán tres jueces de esa sección quienes deberán resolver si el proceso se desarrolla mediante la vía rápida o de forma normal.
La virtud de los casos tramitados mediante un proceso contencioso administrativo es la celeridad con que se resuelven.
Tradicionalmente los proyectos de concesión que se desarrollaron en el país han tardado seis años en promedio para iniciar la construcción. Otros fracasaron en el intento.
Precisamente ante los problemas que han sufrido los proyectos gestionados por concesión, el grupo de diputados que analizó las obras promovidas mediante este modelo recomendaron congelar los contratos en trámite hasta que se hagan las correcciones al sistema.
Pero Quirós, quien se desempeñó como ministro de Obras Públicas en el gobierno de Abel Pacheco, asegura que no es culpa del modelo, sino de los funcionarios que no lo cumplen al pie de la letra.
Danny Canales
[email protected]
Nueva concesión en Moín va a juicio
“Hemos seguido un proceso profesional y transparente”, afirma vocero de APM Terminals, empresa que ganó contrato
El juez Daniel Aguilar, quien tramita la causa en que los exportadores de fruta solicitan anular el contrato portuario, rechazó el 25 de mayo la petición de archivar el caso, como solicitaron el Consejo Nacional de Concesiones y APM Terminals, grupo holandés al que se le adjudicó el proyecto.
En cambio, Aguilar sugirió al Tribunal Contencioso Administrativo darle trámite preferente a la denuncia de los bananeros por la “urgencia, necesidad y trascendencia para el interés público”.
Con una inversión de $992,2 millones, la construcción del puerto especializado en la atención de contenedores es la obra de infraestructura más grande que haya promovido el país hasta ahora.
Pero el proyecto presentaría 71 inconsistencias legales que ameritan anularlo e iniciar un nuevo concurso con las debidas correcciones, asegura Randall Quirós, representante de la Cámara Nacional de Bananeros.
La principal queja que tienen los exportadores es cómo se fijaron las tarifas de $240 que se van a cobrar por contenedor, si no se tiene un estudio de factibilidad económica que defina la inversión que se necesita.
Al no haber un estudio económico, la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep) hizo la salvedad de que elaboró una ecuación matemática para definir los cobros a futuro, no las tarifas máximas en sí, aseguró Quirós.
Este caso se asemeja al del aeropuerto Juan Santamaría, el cual estuvo años paralizado por reclamos financieros presentados posterior a que la empresa Alterra Partners (a la que se le adjudicó el proyecto) asumiera la obra, alertó el representante de los bananeros.
La causa presentada por los bananeros es en contra del Consejo Nacional de Concesiones, la Procuraduría y la Contraloría General de la República, la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica, Aresep y APM Terminals.
LA REPUBLICA intentó obtener la posición de la contraparte, pero a pesar de que desde el lunes tramitó una entrevista con Edwin Rodríguez, jerarca del Consejo de Concesiones, al cierre de esta nota aún no se tenía respuesta alguna.
En cambio, en APM Terminals garantizaron que “han seguido un proceso profesional y transparente para lograr la concesión para el diseño, financiamiento, construcción y operación de la nueva terminal y el deseo es seguir adelante, a paso firme para dotar a Costa Rica de una obra de clase mundial”, según Paul Gallie, director general de la empresa.
LA REPUBLICA supo que el Gobierno seguirá con el trámite de la concesión paralelamente a la presentación de sus descargos ante el Tribunal Contencioso Administrativo, con la intención de firmar el contrato por ahí de agosto.
Y es que a pesar de que el caso será elevado a juicio, el Gobierno se había adjudicado un triunfo con anterioridad, al lograr que el mismo juez Aguilar rechazara —el 15 de abril— la medida cautelar solicitada por los bananeros para que se impidiera la firma del contrato.
En ese entonces el juez tramitador resolvió que se trataba de una acción cautelar prematura, dado que no había una acción de gobierno que provocara un daño al erario, además de que no se había agotado la vía administrativa pues aún quedaba una apelación pendiente en la Contraloría, la cual fue desestimada una semana después.
No obstante, en caso de que el contrato se llegue a firmar y refrendar por parte de la Contraloría, los bananeros temen que si el Tribunal Contencioso Administrativo les diera la razón en la disputa legal, el Estado se vea obligado a indemnizar al concesionario por una suma millonaria.
Esta situación evoca lo sucedido con la cárcel de Pococí, la cual fue adjudicada en concesión a la empresa TCM y luego el Gobierno desistió del proyecto, por lo que la empresa está solicitando una indemnización de $110 millones sin haber construido la obra, advirtió Quirós.
Ante la solicitud presentada por el juez Aguilar de dar trámite preferente a la causa actuada por la Cámara de Bananeros, el caso pasará a estudio de la Sección Sexta del Tribunal Contencioso Administrativo. Serán tres jueces de esa sección quienes deberán resolver si el proceso se desarrolla mediante la vía rápida o de forma normal.
La virtud de los casos tramitados mediante un proceso contencioso administrativo es la celeridad con que se resuelven.
Tradicionalmente los proyectos de concesión que se desarrollaron en el país han tardado seis años en promedio para iniciar la construcción. Otros fracasaron en el intento.
Precisamente ante los problemas que han sufrido los proyectos gestionados por concesión, el grupo de diputados que analizó las obras promovidas mediante este modelo recomendaron congelar los contratos en trámite hasta que se hagan las correcciones al sistema.
Pero Quirós, quien se desempeñó como ministro de Obras Públicas en el gobierno de Abel Pacheco, asegura que no es culpa del modelo, sino de los funcionarios que no lo cumplen al pie de la letra.
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