¿Por qué deberá asistir el presidente a la Asamblea?

Jonathan Prendas

Diputado

Nueva República

El Congreso aprobó que el presidente Carlos Alvarado rinda cuentas por la creación de la UPAD, ante la comisión investigadora, utilizando el recinto donde sesiona el Plenario. La cita, que se llevará a cabo en dos días, será una ocasión de oro para que el mandatario nos explique a los diputados y a todos los costarricenses por qué creó una agencia de espionaje inconstitucional, ilegal y que guardó la información sensible de la población en computadoras personales y llaves maya.

La decisión de traer al presidente a este recinto tiene mucho sentido: hay más posibilidades para que ingresen diputados y representantes de los medios de comunicación, guardando las disposiciones del Ministerio de Salud; limitar el número de congresistas que puedan asistir a esta comisión restringiría nuestra democracia participativa.

Adaptar otros salones conlleva incurrir en gastos innecesarios, ya que las otras opciones que se barajaron en el Congreso no reúnen las condiciones adecuadas. Por ejemplo, la Plena Primera tiene solo 25 espacios para diputados y el Salón de Expresidentes tiene cabida para 40 personas, y al tomar en cuenta las recomendaciones sobre el aforo del 50%, su capacidad se reduce de manera drástica.

Estamos claros que no se trata de una interpelación en el Plenario y que la presencia del presidente en el Congreso tampoco constituye una falta de respeto a su investidura; Abel Pacheco compareció en la Asamblea en el 2004. Más bien, se trata de un ejercicio democrático de rendición de cuentas, especialmente en un tema tan relevante para nuestra democracia.

La Procuraduría General de la República (PGR), el Colegio de Abogados y otros especialistas confirmaron que el decreto de creación de la UPAD es inconstitucional. La Defensoría de los Habitantes concluyó que equipo de asesores de la UPAD trabajó durante 18 meses sin respaldo legal que justificara sus alcances, limitaciones y responsabilidades.

El informe de la PGR indica que no existían límites a la información confidencial que la UPAD podía solicitar, lo cual incluye información sobre origen racial, convicciones religiosas, opiniones políticas, condición socioeconómica, información biomédica y orientación sexual. Nunca existió, como correspondía, un consentimiento expreso de los costarricenses para usar esa información.

Como lo reiteró el investigador y abogado Adalid Medrano, el fundamento jurídico con el que se creó la Unidad es erróneo y se requería una ley para poder operar. Ilegal, la UPAD además careció de protocolos de actuación, seguridad y custodia de los datos, que se manejaban en computadoras y llaves mayas personales; sus funcionarios tampoco firmaron convenios de “datos estadísticos” a fin de garantizar la integridad de la información.

Presidencia usó un sitio web privado que mantiene al menos uno de sus servidores en el extranjero y que no posee las características de seguridad apropiadas para resguardar la información que ahí se compartía, por lo que los datos de los ciudadanos extraídos del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiario (Sinerube) pudieron estar disponibles para la consulta pública en esa herramienta digital.

La lista de irregularidades es más extensa aún y es necesario aclararlas. Por eso, dentro de dos días, esperamos que el presidente dé la cara y nos explique por qué creó este adefesio. Costa Rica necesita saber por qué y cómo se usó la información sensible la poblacion.