Reforma de empleo público en riesgo de ser un parche, advierten empresarios

La reforma al empleo público que busca racionalizar el gasto en remuneraciones y ordenar los diferentes esquemas salariales, podría culminar en un parche, si los diputados se dejan presionar por diversos sectores que buscan no ser incluidos.

La iniciativa establece un mismo salario para todos los trabajadores estatales con iguales responsabilidades, sin importar si laboran para un ministerio, para una institución autónoma como la Caja, una municipalidad o algún banco o universidad estatal.

Y es que al calor del debate legislativo en la comisión de gobierno y administración, se aprobaron varias mociones para hacer excepciones con las empresas públicas en competencia como el ICE y el INS y además, hay un movimiento impulsado por Paola Vega del PAC y el independiente Dragos Dolanescu, para exonerar a las universidades públicas.

Aunque algunos diputados abogan por no dejar a ninguna institución por fuera, la presión de diversos sectores crece poco a poco. Al cierre de edición, los diputados discutían cambios al proyecto.

Por otra parte, ayer por ejemplo, estudiantes universitarios y funcionarios de casas de enseñanza estatal marcharon hacia el Congreso.

Lea más: Rectores piden a estudiantes salir a manifestarse en contra de la ley de empleo público

Mientras tanto, el grupo Rescate Nacional que dirigen Célimo Guido y Albino Vargas, amenazaron con protestas para oponerse a la ley de empleo público.

El sector municipal también se manifestó en contra de la iniciativa y se considera el más afectado, ya que el salario promedio es de ¢840 mil, a diferencia del resto de trabajadores estatales quienes devengan más de ¢1,2 millones en promedio.

En ese sentido, todavía se pueden hacer cambios al proyecto de ley, y las dudas entre los diputados de Liberación, y algunos de la Unidad, persisten antes de la discusión y votación en primer debate.

“Enfatizamos la necesidad de realizar cambios al régimen de empleo público para que sean acorde con la realidad y las posibilidades actuales del Estado y del país en general, de lo contrario, este sistema estará condenado a fracasar y volverse insostenible”, dijo Julio Castilla, presidente de la Cámara de Comercio.

La iniciativa establecería un salario estándar y los trabajadores que ganen más de ese salario, no tendrían nuevos aumentos por conceptos de pluses.

Asimismo, sus aumentos ordinarios serían congelados mientras la deuda pública supere más del 70% del PIB, de acuerdo con la regla fiscal.

El proyecto tiene el potencial de ahorrar más de ¢300 mil millones al año, según las proyecciones iniciales que hace el Ministerio de Planificación.

Lea más: Carlos Avendaño: “Exclusiones en empleo público son inaceptables”

Ordenar las remuneraciones es importante al considerar que el 50% de los ingresos que recauda el Ministerio de Hacienda se utilizan para pagar el salario de los empleados públicos todos los años, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) o Club de los Países Ricos.

Este gasto implica que Costa Rica es el país que más dinero invierte porcentualmente en la OCDE para pagar a su aparato estatal, ya que sus otros integrantes invierten un 25%.