Tratándose de un tema tan sensible como la seguridad ciudadana, que las empresas deben garantizar para sí mismas y para sus clientes, el tema tendría que ser analizado buscando encontrar la mejor solución en el menor tiempo posible

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¿Seguridad o inseguridad?

Todo negocio debe poder funcionar bien cumpliendo con las regulaciones que correspondan. Esto garantizará que no venga a menos por fallas evitables.
Pero si el giro de negocio son las empresas de seguridad privada, debe existir un compromiso adicional con el país: no provocar riesgos precisamente de inseguridad.
Una alerta sobre el hecho de que el incremento en esa actividad en los últimos años, constituye hoy una amenaza para la seguridad pública y nacional, fue externado por la Contraloría General de la República.
Esto porque los recursos del Ministerio de Seguridad Pública no son suficientes para el control de estas compañías.
Falta de información necesaria y un control parcial sobre la operación de las empresas que ofrecen esos servicios, entre otras carencias, es lo que ha llevado a la Contraloría a poner sobre el tapete la situación.
Sucede que la población necesita contratar servicios privados de seguridad porque no la recibe en medida adecuada desde el sector público, pero la situación hace crisis por falta de posibilidades de controlar el cumplimiento de las regulaciones en la operación.
Tratándose de un tema tan sensible como la seguridad ciudadana, que las empresas deben garantizar para sí mismas y para sus clientes, el tema tendría que ser analizado buscando encontrar la mejor solución en el menor tiempo posible.
No está de más recordar, por obvio que parezca, que es toda la población la que necesita de buen servicio público de seguridad ciudadana, pero que este fue llevado a tal grado de debilidad que quienes no pueden contratar su propia seguridad se encuentran permanentemente expuestos.
Pareciera que es este uno más de los asuntos mal manejados sobre el cual no hubo previsiones por parte de las últimas administraciones y que, al llegar a su límite, toca las puertas del nuevo Gobierno.
Por un lado deberían sentarse responsabilidades, pero a la vez se requiere un urgente compromiso público - privado para poner la situación en un cauce de normalidad y buen funcionamiento.
Revisar el cumplimiento de la ley, el control y registro de la cantidad de armas y de quienes las portan, el cierre de las empresas que no cumplen en esos aspectos así como con los pagos a la Caja o con los salarios mínimos, al menos, para sus empleados, entre varios otros controles deben aplicarse mediante un esfuerzo especial de las autoridades en este momento.
Pero esto significará, una vez más, apagar el incendio. Se debe estudiar la situación y tomar decisiones para poner remedio de manera sostenible al problema.