¿Son legales los ataques de EE.UU. contra embarcaciones procedentes de Venezuela en aguas internacionales?

"Quedan advertidos: si están transportando drogas que pueden matar a estadounidenses, ¡los cazaremos!".

Ese fue el aviso que lanzó el lunes el presidente Donald Trump cuando anunció un segundo ataque en menos de dos semanas contra una embarcación procedente de Venezuela y que presuntamente llevaba a bordo narcóticos con destino a Estados Unidos.

El mandatario aclaró que el operativo, que dejó tres muertos y sigue a otro similar registrado el 2 de septiembre que se cobró la vida de 11 tripulantes, tuvo lugar en aguas internacionales, "en el área de responsabilidad del Comando Sur".

Y este martes puntualizó que hubo una tercera embarcación atacada.

Durante el último mes, EE.UU. ha desplegado una gran operación militar en el Caribe, cerca de las costas de Venezuela, que las autoridades estadounidenses han presentado como una acción antinarcóticos en contra del Tren de Aragua, designada "organización terrorista" por la administración Trump en febrero, y el Cartel de los Soles, una supuesta entidad dedicada al narcotráfico que, según EE.UU., implica a altos oficiales y exoficiales de las Fuerzas Armadas de Venezuela y está encabezada por el presidente Nicolás Maduro.

El gobierno de Maduro niega las acusaciones y acusa a EE.UU. de usar el tema del narcotráfico como una excusa para impulsar un cambio de régimen en Venezuela.

Entre las preguntas que surgen en torno a estos ataques, está la cuestión de su legalidad.

A continuación te explicamos cómo justifican las autoridades estadounidenses las operaciones y qué dicen los expertos consultados por la BBC teniendo en cuenta el marco legal estadounidense y el derecho internacional.

"Guerra" contra el narcotráfico

Desde su llegada a la Casa Blanca, el presidente Trump ha fijado como una prioridad la lucha contra el narcotráfico y ha prometido disminuir el flujo de drogas que ingresa a EE.UU.

Ya en su primer día en el cargo en enero, el mandatario declaró la emergencia nacional en la frontera con México, lo que le permite desbloquear fondos federales para seguir construyendo el muro limítrofe y desplegar el ejército con el fin de combatir la inmigración irregular y el narcotráfico.

Desde entonces, ha impuesto aranceles a Canadá y México, acusando a ambos países de no hacer lo suficiente para frenar el contrabando transfronterizo de narcóticos, y a China por su supuesta fabricación de fentanilo.

Asimismo, su gobierno designó una serie de entidades, incluido el Tren de Aragua, como "organizaciones terroristas internacionales", argumentando que constituyen una "amenaza a la seguridad nacional". Y más recientemente firmó una orden para que el ejército estadounidense pudiera atacarlas.

Paralelamente, la administración Trump acusa a Maduro de ser "uno de los mayores narcotraficantes del mundo" y líder del llamado Cartel de los Soles, lo cual ha sido refutado por el gobierno venezolano.

El mes pasado, el gobierno estadounidense duplicó la recompensa por información que pudiera conducir a la captura de Maduro, estableciéndola en US$50 millones, mientras la fiscal general Pam Bondi informó de la incautación de hasta US$700 millones en activos supuestamente vinculados al presidente venezolano.

Con sus declaraciones, Trump enmarca los operativos registrados en las últimas semanas contra embarcaciones procedentes de Venezuela en ese combate contra el trasiego de drogas.

"Esta mañana, siguiendo mis órdenes, las fuerzas militares de EE.UU. llevaron a cabo un segundo ataque armado contra cárteles del narcotráfico y narcoterroristas extraordinariamente violentos (...) en el área de responsabilidad del Comando Sur", escribió este martes en su cuenta de la red Truth Social.

El Comando Sur es una de las once unidades de combate unificadas del Departamento de Defensa de EE.UU., responsable de las operaciones y la cooperación de seguridad en América Central, América del Sur y el Caribe.

Aunque bajo la Constitución de EE.UU. es el Congreso el que tiene potestad para declarar la guerra, el presidente es el comandante en jefe de las fuerzas armadas y tanto mandatarios republicanos como demócratas han ordenado en el pasado operaciones militares en el extranjero sin la luz verde del Poder Legislativo.

Ya sea contra grupos designados terroristas como al-Qaeda o militantes considerados combatientes extranjeros como los hutíes en Yemen, presidentes estadounidenses han usado el interés nacional para justificar "incursiones limitadas" más allá de sus fronteras.

Sea como fuere, utilizar la fuerza militar para atacar barcos tripulados marca un antes y un después en la lucha contra el narcotráfico, advierten los expertos.

Y es que la práctica usual de Estados Unidos en casos de narcotráfico es la intercepción de las embarcaciones, la detención de los tripulantes y el decomiso de la carga.

Dudas legales

Ante ello, los ataques han recibido numerosas críticas y, según expertos consultados por la BBC, pueden haber violado el derecho internacional.

Uno de los marcos legales a los que hacen referencia es la Convención de la Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

Aunque EE.UU. no es signatario de dicha convención, los asesores legales del Departamento de Defensa han dicho anteriormente que este debería actuar de manera coherente con sus disposiciones.

Bajo la convención, los países firmantes se comprometen a no interferir con los buques que operan en aguas internacionales.

Existen excepciones a la regla, aunque limitadas. Por ejemplo, la detención e incautación está permitida cuando el barco en cuestión es perseguido desde las aguas de un país hacia alta mar.

Consultado tras el primero de los operativos, Luke Moffett, profesor de la Queens University de Belfast, experto en reparaciones, derechos humanos y derecho internacional humanitario, le dijo a BBC Verify que "se puede utilizar la fuerza para detener una embarcación, pero generalmente deben emplearse medidas no letales".

Cualquier movimiento de este tipo debe ser "razonable y justificado como necesario en defensa propia, cuando hay una amenaza inminente de lesiones graves o pérdida de vida", agregó el especialista, señalando que las acciones de EE.UU. probablemente eran "ilegales bajo el derecho del mar".

En esa misma línea, la profesora Mary Ellen O'Connell, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Notre Dame, le dijo a BBC Verify que el ataque "violó principios fundamentales del derecho internacional".

"El asesinato intencional fuera de las hostilidades de un conflicto armado es ilegal a menos que sea para salvar una vida de inmediato", dijo la experta.

El artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas establece la prohibición del uso de la fuerza entre Estados, pero esta prohibición tiene excepciones, que incluyen la legítima defensa.

El gobierno estadounidese puede alegar que la operación fue en defensa de la seguridad nacional al atacar una embarcación presuntamente operada por una organización que considera como terrorista, como es el caso del Tren de Aragua.

"El hecho de que los funcionarios estadounidenses describan a los individuos que murieron en el ataque estadounidense como narcoterroristas no los transforma en objetivos militares legales", le dijo a la BBC el profesor Michael Becker, del Trinity College de Dublín.

"Salvar vidas"

Mientras, el gobierno estadounidenses argumenta que los barcos en cuestión transportaban narcóticos que "pueden matar" a su población.

"El ataque ocurrió mientras estos narcoterroristas confirmados de Venezuela estaban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales (¡Un arma mortal que envenena a los estadounidenses!) con destino a EE.UU", escribió Trump en Truth Social.

"Hundir este barco salvó vidas estadounidenses. A los narcotraficantes y a los narcodictadores les digo que al final recibirán el mismo trato", escribió por su parte el senador republicano Bernie Moreno tras el primero de los operativos.

Sea como fuere, las autoridades ya han advertido que no piensan detenerse.

Tras el primer ataque y sin dar mayores detalles, el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, le dijo a la cadena Fox News que los operativos de ese tipo continuarían.

"Tenemos activos en el aire, activos en el agua, activos en barcos, porque esta es una misión muy seria para nosotros, y no se detendrá solo con este ataque", afirmó Hegseth.

En agosto pasado, Washington anunció el envío de una flotilla hacia el Caribe que incluye un grupo anfibio con buques de asalto liderados por el USS Iwo Jima (LHD-7), junto al USS Fort Lauderdale (LPD-28) y el USS San Antonio (LPD-17).

También fueron enviados los destructores USS Jason Dunham (DDG-109), el USS Gravely (DDG-107), el USS Sampson (DDG-102) y del crucero lanzamisiles USS Lake Erie (CG-70), así como varios aviones de reconocimiento P-8, y un submarino de ataque.

A lo que se les sumó los 10 cazas F-35 de última generación destinados a Puerto Rico.

El gobierno venezolano afirmó el sábado que la Armada de Estados Unidos había interceptado el día anterior un barco pesquero y detenido a nueve pescadores durante ocho horas antes de liberarlos.

Y ante el anuncio de un segundo ataque contra una embarcación, Maduro afirmó en una conferencia de prensa: "Hoy, puedo anunciar que las comunicaciones [con Estados Unidos] están deshechas por ellos, con sus amenazas de bombas, muerte y chantaje".

"Dejen de enviar drogas a Estados Unidos", zanjó Trump este martes al ser preguntado por la prensa al respecto a las afueras de la Casa Blanca, antes de abandonar Washington con destino a Londres.

*Con información adicional de Matt Murphy, Joshua Cheetham, Olga Robinson y otros miembros del equipo de BBC Verify.

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