Todo lo que debe saber sobre el caso “Diamante”
A casi dos semanas de que estallará el caso esto es lo más relevante hasta ahora
Esteban Arrieta [email protected] | Viernes 26 noviembre, 2021 07:00 p. m.
Esta mañana el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) sacudió al país con un nuevo escándalo de corrupción.
Esto es lo que debe saber:
¿Qué fue lo que sucedió?
El OIJ realizó allanamientos simultáneos en 40 lugares, involucrando 600 oficiales y 32 fiscales.
Como parte de las acciones judiciales se intervinieron varias municipalidades, incluida las de San José, Cartago, Alajuela y San Carlos, además de las casas de varios alcaldes como Johnny Araya y Mario Redondo.
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¿Qué se investiga?
Se investiga una supuesta red de sobornos para favorecer a la empresa MECO en los procesos de construcción, mantenimiento y licitación de obra pública en vías cantonales.
¿Qué tipo de sobornos?
Al parecer, incluiría la entrega de dádivas como dinero, vehículos, viviendas, entre otros.
¿Por qué se le llamo caso “Diamante?
La investigación no está relacionada con el popular gobernador de la serie animada “Los Simpson” y por el contrario, la referencia al Diamante, tiene vínculos con la transparencia que debe ser inherente a cualquier funcionario público, según el OIJ.
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¿Se detuvo a alguien durante los allanamientos?
Para las primeras horas de la tarde, el OIJ había confirmado la detención de 14 personas, incluidos seis alcaldes.
Los alcaldes detenidos son Johnny Araya, de San José; Mario Redondo de Cartago; Humberto Soto de Alajuela; Alfredo Córdoba de San Carlos, Arnoldo Barahona de Escazú y Alberto Cole de Osa, además de seis personas más, entre trabajadores municipales y representantes de las empresas, informó Glen Calvo, fiscal anticorrupción.
¿A cuáles partidos pertenecen los alcaldes detenidos?
Cuatro de ellos son del PLN. Se trata de Johnny Araya, de San José; Humberto Soto de Alajuela; Alfredo Córdoba de San Carlos y Alberto Cole de Osa.
Mario Redondo de Cartago es el fundador de Alianza Demócrata Cristiana y Arnoldo Barahona es de Nueva Generación.
¿Habrá medidas cautelares?
Los alcaldes implicados fueron suspendidos por seis meses de sus cargos, mismo periodo por el que tampoco podrán salir del país.
Si recibirán salario o no durante la separación del cargo, la jueza dispuso que es un asunto que deberá resolver cada gobierno local.
Igualmente, el juzgado ordenó arresto domiciliario con tobillera electrónica para un colaborador de la empresa Meco, de apellido Gutiérrez, por quien la Fiscalía había solicitado prisión preventiva.
A él se le señala por supuestamente ser el enlace con los gobiernos locales.
¿Qué pasará con los municipios implicados?
A partir del 22 de noviembre los seis gobiernos involucrados en el caso Diamante pasarán a ser liderados por mujeres, de manera oficial, pues ya lo hacían desde el 15 de noviembre que salpicó el escándalo.
Ante la falta de la figura titular por disposición judicial, el Código Municipal establece que son las que pasarán a primer plano.
Se trata de Paula Vargas Ramírez, en San José; Sofía González Barquero, en Alajuela; Silvia Alvarado Martínez, en Cartago; Karol Tatiana Matamoros Corrales, en Escazú; Karol Cristina Salas Vargas; San Carlos y Yanina Chaverri Rosales, en Osa.
¿Tiene el caso relación con Cochinilla?
A pesar de que son casos similares, en cuanto al modus operandi, el OIJ y la fiscalía investigan este tema por aparte.
¿Desde cuándo se investiga el caso?
La investigación arrancó en 2019.
¿Cómo afecta el caso Diamante en las elecciones?
Cuatro de cada diez electores consideran que el caso “afecta mucho” su intención de voto para las elecciones de febrero.
Asimismo, un 24% de los electores asegura que “afecta poco” y el restante 34% que nada.
Por otra parte, a dos meses y medio de las elecciones nacionales, la corrupción se posicionó como el principal problema para los costarricenses, según la última encuesta de la UCR dada a conocer el 24 de noviembre.
¿Qué pasará con las campañas de los partidos implicados?
José María Figueres, candidato del PLN, aseveró que él expulsaría de la campaña a cualquier persona que esté siendo investigada.
En el caso de Johnny Araya, él forma parte de la comisión política de la campaña, por lo que en principio, sería expulsado.
De igual forma, Figueres puntualizó que el Tribunal de Ética del PLN, debe asumir de inmediato su responsabilidad frente a estas investigaciones y actuar conforme lo establecen los estatutos.
Asimismo, Figueres recomendó a los concejos municipales "suspender” la remuneración mientras la medida cautelar está activa.
Ante esto, Araya respondió que no se pueden sacar conclusiones adelantadas, sobre todo, cuando en Costa Rica el principio de presunción de inocencia opera para todos los ciudadanos.
Para el alcalde josefino, los derechos laborales de cualquier trabajador deben ser respetados bajo el amparo del principio de presunción de inocencia, y parte de esos derechos, incluyen el derecho al salario.
