UNA propuesta de renegociación del FEES

Leiner Vargas [email protected] | Martes 26 junio, 2018

UNA propuesta de renegociación del FEES

El Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) es el mecanismo constitucional de financiamiento de la Educación Superior que ha permitido modernizar las universidades públicas y ampliar la cobertura y el impacto de la investigación y la extensión, actividades fundamentales para garantizar una sociedad equitativa, competitiva y justa. Dicho mecanismo está amparado a una comisión de rectores y ministros y sustentado en el Plan Nacional de Desarrollo de la Educación Superior (PLANES). Sin embargo, luego de 25 años de negociaciones quinquenales del FEES, entre 2014 y 2018 se ha retrocedido, pasando a negociaciones anuales, lo que claramente ha deteriorado la capacidad de planificación y la estabilidad presupuestaria de las universidades públicas. Es evidente que los argumentos emanados para ese cambio tampoco han logrado un equilibrio razonable de las finanzas públicas y, poco a poco, se ha venido deteriorando la relación FEES a PIB, pasando del 1,42% al 1,37% entre 2016 y 2017; inclusive, muy inferior al 1,35% si consideramos la situación de este 2018.

Aunque se ha firmado un compromiso de llegar al 1,5%, dentro de la obligación constitucional del 8% de presupuesto nacional dedicado para la educación pública desde el preescolar hasta la universitaria, la negociación nominal y anual lleva implícito un deterioro del financiamiento de la educación superior pública que debería evitarse a toda costa. Es claro, además, que las universidades han hecho un esfuerzo por aumentar los recursos destinados a sus sedes regionales, ampliar por nivel socioeconómico y por procedencia los cupos de ingreso (discriminación positiva) y profundizar sus actividades de apoyo a los sectores productivos en distintos campos de investigación y extensión científica y tecnológica. Datos claros de lo anterior se pueden observar en los informes nacionales sobre El Estado de la Educación del Programa Estado de la Nación.

Empero, se requiere una negociación que regrese a una propuesta quinquenal del FEES, que permita sostener los esfuerzos universitarios de ampliación de su oferta académica y de consolidación institucional en todas sus sedes (en especial en las regionales), al mismo tiempo que se mantenga la estabilidad fiscal, tan venida a menos en los últimos años. Las universidades deberían no convertirse en un actor que deteriore los equilibrios fiscales, por lo que la propuesta deberá ser neutral respecto de la actual situación fiscal del país, ahondando en inversión de recursos en temas estratégicos del desarrollo nacional. Retroceder en la inversión en educación en estos momentos sería la peor receta que un país como Costa Rica podría tomar.

A partir de lo anterior, proponemos los siguientes aspectos como elementos centrales para el próximo acuerdo FEES:

Que el acuerdo marque la base de un nuevo quinquenio (2019-2024) y no revista un débil financiamiento anual, como el que se ha seguido en el último quinquenio. Esto servirá de base a un proceso de planificación quinquenal del desarrollo universitario y les dará estabilidad a los procesos internos del Estado y de las universidades. Proponemos entonces un acuerdo 2019-2024 y no un acuerdo parcial para el año 2019.
Definir como regla mínima que la relación FEES a PIB no sea inferior a la existente en este 2018, para salvaguardar la situación existente, sin incluir otros rubros como el financiamiento del INA, el Programa Avancemos o a la Universidad Técnica Nacional que, por ley de la República, tienen financiamiento de otro origen. Este tema será fundamental para asegurar estabilidad a los presupuestos internos de las universidades y mantener los procesos de crecimiento de la inversión en sedes regionales y en cupos y becas para nuevos estudiantes.
Fortalecer el compromiso de las universidades públicas con el financiamiento prioritario en inversión en infraestructura y en nuevos recursos humanos, becas estudiantiles y aumento de los cupos y programas en sedes regionales, donde la educación superior es más escasa y requiere mayor presencia, pertinencia y calidad. Es imperiosa una revisión propia en cada una de las universidades de sus incentivos y convenciones colectivas que permita apuntalar las bases de una relación laboral armoniosa y competitiva a mediano y largo plazo para los colaboradores universitarios administrativos y académicos.
Desarrollar un instrumento técnico con indicadores verificables y medibles que establezca las bases para la distribución del financiamiento de las universidades al interior de estas dentro del CONARE, de tal forma que se garantice que la asignación del presupuesto entre universidades sea la más equilibrada y justa, incluyendo en ello el financiamiento de la Universidad Técnica Nacional.

Estas cuatro propuestas apuntan a la necesidad de continuar modernizando el esquema de relación entre el Estado y las universidades públicas en este siglo XXI, de tal forma que las asignaciones futuras o incrementos en la relación FEES a PIB puedan convertirse en un estímulo a la mejora, la eficiencia y sobre todo, a ampliar el impacto del quehacer de la universidad pública costarricense sobre el país y sus prioridades de desarrollo. Todo esto sin dejar de lado el compromiso de las universidades públicas de rendir cuentas, de manera clara, precisa y transparente, por lo recibido por parte de la sociedad.

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