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Amnistía

Randall Madriz [email protected] | Lunes 13 julio, 2015


Amnistía

El análisis del denominado “Proyecto de Mejora de la Lucha contra el Fraude Fiscal” ha hecho evidente el contraste que existe entre la posición del Ministerio de Hacienda y las ideas de los diputados que integran la alianza de oposición que tomó el control del directorio de la Asamblea Legislativa el pasado 1° de mayo.
Dentro de este marco, nos preocupan las aseveraciones del Ministerio de Hacienda, el cual indica que la evasión y la elusión alcanzan el 7,75% del Producto Interno Bruto (PIB) de Costa Rica. Este dato, esta siendo el “caballo de batalla” para mantener una posición férrea con respecto al proyecto.
Sin embargo este Proyecto de Ley no vendría a mitigar, de ninguna manera, la realidad que apunta el Ministerio.
Lo que omite señalar el Ministerio es que la porción más grande de ese 7,75% del PIB lo integra la evasión (no elusión) que proviene de la economía informal en este país. Se trata de esa capa de agentes económicos que no han formalizado su registro ni cumplen con el pago correspondiente ante distintas instancias gubernamentales, (por ejemplo, la Administración Tributaria, la Seguridad Social y las administraciones tributarias municipales; entre otras.
El “Proyecto de Mejora de la Lucha contra el Fraude Fiscal” le otorga más armas a la Administración Tributaria para la gestión y fiscalización de los contribuyentes ya inscritos ante dicha Administración, pero no dedica una sola palabra para enfrentar la economía informal.
Al respecto de este fenómeno, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos reveló, en la Encuesta Continua de Empleo del primer trimestre 2015, que el empleo informal alcanza un 45,3% del total de la fuerza laboral en Costa Rica.
La formalización de ese sector traería grandes costos para quienes lo integran, pues la legislación prevé sanciones, intereses y otras consecuencias económicas que harían poco viable que muchos de los negocios refugiados en el páramo de la informalidad logren cancelar esos montos. Por lo anterior, debe considerarse la posibilidad de aprobar a nivel legislativo una amnistía que busque la no aplicación de esas consecuencias a aquellos contribuyentes que se acerquen a normalizar su situación.
Aún más, la amnistía debería establecer la condonación de obligaciones no prescritas. Por ejemplo, que el contribuyente que regularice su situación ante la Administración Tributaria y la Administración de la Seguridad Social será condonado sobre todas sus deudas no prescritas así como sobre los intereses y sanciones.
Al respecto propongo una amnistía que implique la condonación de todas las deudas tributarias y de la seguridad social para los años no prescritos salvo para el año 2014 y el actual 2015. Incluso para estos años se calcularían solamente intereses pero no aplicarían sanciones u otro tipo de multa.
Como dije, iniciativa necesita una Ley, para la cual los congresistas deben tomar en cuenta que es mejor traer a la formalidad a una porción de esa economía, en lugar permitir su crecimiento al margen de la ley.
En las próximas semanas ahondaremos sobre los aspectos cervicales de esta amnistía.

Randall Madriz
Abogado tributario
[email protected]

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