En muchos casos se importa legislación aduciendo que se trata de leyes modernas, sin contar con la estructura institucional, humana y técnica para aplicarlas

¿Cómo mejorar nuestra calificación?

La semana pasada se llevó a cabo en Boston la reunión anual de la International Bar Association (IBA). Fundada en 1947, la IBA es la organización líder de profesionales del derecho internacional, integrada por más de 50 mil abogados y 197 colegios de abogados. La IBA participa en el desarrollo de la reforma del derecho internacional y estudia el futuro de la profesión jurídica en todo el mundo.
En uno de los paneles, que tuve el gusto de presidir, se discutió acerca de la inversión en América Latina. En la región la inversión extranjera directa alcanzó la cifra récord de casi US$175 mil millones en 2012. La gran mayoría de países ha mejorado considerablemente las condiciones que facilitan a las empresas internacionales hacer negocios.
Además, resultó muy impresionante saber que varios de los países latinoamericanos son ahora inversionistas en otras naciones de la región, con casi US$50 mil millones.
En cuanto a Costa Rica, varios de los panelistas se refirieron al país en diversas ocasiones, pero lamentablemente, en general, sus datos no fueron los más alentadores.
Mientras que Chile, Perú, Colombia y México están muy bien posicionados en el índice de facilidad para hacer negocios de la Corporación Financiera Internacional (IFC) del Banco Mundial, Costa Rica aparece en la nada privilegiada posición 110 del mundo, o 21 en Latinoamérica. En la categoría de facilidad para pagar impuestos nuestro país está en el puesto 125. ¡Y eso que el Gobierno necesita dinero!
Probablemente el dato que más impactó negativamente a los asistentes, es que Costa Rica ocupa el puesto 169 en el mundo en materia de protección a los inversionistas.
Uno de los panelistas, director jurídico para Latinoamérica de una de las empresas más grandes del mundo, mencionó que el principal problema de la región es el ejercicio discrecional de la autoridad por parte de las instituciones públicas. Nuestro país no es ajeno a esta problemática.
Además, en muchos casos se importa legislación de países desarrollados, aduciendo que se trata de leyes modernas o con estándares de clase mundial, pero sin contar con la adecuada estructura institucional o humana, ni con el respaldo técnico para aplicarlas.
Resultado: más marañas legales, más obstáculos a los negocios, encarecimiento de las operaciones y corrupción. El panelista mencionó ejemplos específicos en casos de competencia, en materia de consumidor, responsabilidad civil, salud pública y otros.
¿Por qué obstaculizar los negocios? En un mundo conectado e informado, esta actitud empieza a pasarnos una factura. Casos como Crucitas, la concesión de la carretera San José - San Ramón y, en general, el aumento de la inseguridad jurídica, nos pueden afectar para atraer inversión al país.
Al igual que lo están haciendo la mayoría de naciones de Latinoamérica, el Gobierno debe enfocarse en mejorar los aspectos que se consideran al elaborar el ranking del IFC.
En ese sentido, nuestra meta país debe ser acercarnos más en este ranking a Chile, Colombia, México y Perú… y alejarnos cada vez más de Argentina, Venezuela, Ecuador y Bolivia.

David Gutiérrez

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