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Costa Rica Estado de Derecho

Siany Villalobos [email protected] | Martes 21 mayo, 2019

Los costarricenses esperamos respuestas ante tanto desorden y evidencias del mal manejo de las finanzas públicas, la semana pasada la Asamblea Legislativa intento discutir el informe emitido por la Comisión Permanente Especial para el Control del Ingreso y el Gasto Público, sobre el “hueco fiscal” y el pago de deuda sin autorización Legislativa. Sin embargo, fallas técnicas en el sonido del Plenario, concretamente en una bancada de oposición, no permitieron desarrollar la sesión, ni cumplir con el objetivo de discutir tal informe.

Así las cosas se programó nuevamente la sesión para el conocimiento de dicho informe para el pasado lunes 20 de mayo, las razones fueron muy bien justificadas, los costarricenses no podemos soportar más desempleo, créditos caros, poca o casi ninguna propuesta de reactivación económica, mientras nuestras autoridades en el Poder Ejecutivo continúan con el desorden y los supuestos actos de ilegalidad e inconstitucionalidad y sin responsabilidad, como si se tratara de bienes de difunto.

Me parece muy acertado de parte de la Asamblea Legislativa, Contraloría General de la República y del Ministerio Público que iniciaran con los procesos de investigación en relación al hueco fiscal y al utilización de recursos sin autorización Legislativa, pero sobre todo esperamos que estos procesos registren precedentes y se señalen las responsabilidades correspondientes, ahora, solamente queda esperar, con el sin sabor, de que las actuaciones son lentas y tardadas, dado que aquello de justicia pronta y cumplida se quedó en el papel.

Ahora que nos encontramos en las vísperas de las elecciones municipales, observamos la variedad de denuncias contra las autoridades municipales por malos nombramientos, tráfico de influencias, incumpliendo de deberes, supuestos peculados o malversación de fondos públicos y en consecuencia también observamos los allanamientos constantes a dichas instituciones, con una excelente cobertura mediática, no obstante, llama la atención, que casos como el hueco fiscal por más de 900 mil millones de colones y el uso de recursos sin autorización legislativa por más de 400 mil millones de colones, haya sido manejado con guantes de seda ante semejantes dimensiones.

Cuando damos una pequeña lectura a los artículos constitucionales 176 y 178 que dictan que los Presupuestos de la República comprenden todos los ingresos probables y todos los gastos autorizados de la Administración Pública durante todo el año económico y que los mismos constituyen el límite acción de los Poderes Públicos para el uso y disposición de los recursos del Estado, creo que no hay mucho que interpretar sobre estas normas constitucionales y los hechos anteriormente expuestos.

En ese mismo orden solo basta una mirada rápida al artículo 149 Constitucional sobre las responsabilidades de quienes ejercen el Poder Ejecutivo artículo 148, inciso 3) cuando impidan o estorben las funciones propias de la Asamblea Legislativa… inciso 6) “En todos los casos en que por acción u omisión viole el Poder Ejecutivo alguna ley Expresa”. Siendo la pregunta de rigor: ¿Se violó la Ley y la norma Constitucional? Por ejemplo la Ley N°8131, ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA REPÚBLICA Y PRESUPUESTOS PÚBLICOS, la respuesta es, Sí, dando fuerza a otra pregunta ¿Cuantas veces se ha violentado? la respuesta ya la tenemos en la memoria anual de la Contraloría General de la República 2018. Se ha violentado dos veces entre el 25 de enero y 4 de abril de 2018 correspondiente a la administración Solís Rivera y como si eso fuera poco se repite nuevamente entre el 2 de julio y el 10 de setiembre del 2018 correspondiente a la Administración Alvarado Quesada.

El Poder Ejecutivo no puede continuar desconociendo y pasándole por encima a nuestro sistema jurídico, al respeto en un Estado de Derecho, pues este no permite la comisión de un hecho delictivo.

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