Costa Rica invertirá $54 millones en acción climática en los próximos cinco años

Gracias a sus labores de conservación, Costa Rica invertirá durante los próximos cinco años $54 millones provenientes del Fondo Verde para el Clima (GCF), el cual reconoció en noviembre anterior 14,7 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono capturadas en 2014 y 2015 por los bosques del país.

Los recursos serán ejecutados por el proyecto REDD+ Pagos Basados en Resultados, liderado por el Ministerio de Ambiente y Energía y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el cual fue lanzado oficialmente este lunes 24 de mayo.

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Los fondos provenientes del GCF –en cuya movilización el PNUD apoyó a Costa Rica- se orientarán en tres áreas: fortalecer el esquema de Pago por Servicios Ambientales (PSA) existente; ampliar la cobertura de los PSA en territorios indígenas y fortalecer las medidas de prevención de incendios forestales en comunidades rurales y asegurar la aplicación de las disposiciones de salvaguardas ambientales y sociales.

El proyecto mejorará y ampliará las políticas públicas relacionadas con la implementación de la Ley Forestal, la acción climática, la conservación y empoderamiento de mujeres rurales, personas jóvenes, pueblos indígenas y pequeños y medianos productores agrícolas, durante los próximos cinco años.

“El PSA es una de las razones por las que el país ha logrado revertir la deforestación y aumentar la cobertura forestal de manera significativa. Uno de los pocos en el mundo que lo ha hecho. En la década de 1980, Costa Rica había perdido la mayor parte de su bosque primario y solo tenía el 21% de su tierra bajo cubierta forestal como resultado de tener las tasas de deforestación más altas del mundo. Hoy, el país tiene una cubierta forestal del 52% y protege más de una cuarta parte de su territorio”, subrayó Carlos Alvarado, presidente de la República.

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Paralelamente, la iniciativa también contribuirá a acelerar la ruta de la descarbonización y la recuperación económica inclusiva, a través de la protección social a poblaciones históricamente excluidas como los pueblos indígenas y las mujeres rurales.

Del total de los recursos, $41 millones se trasladarán a habitantes de las zonas boscosas del país, donde se ubican algunos de los distritos más marginales y con menor índice de desarrollo social.