TROTANDO MUNDOS
De Privatización y de reparto de poder
Humberto Pacheco
Muchos de los que cayeron de majes con el canto socialista sobre soberanía, aplicado a la apertura de actividades netamente comerciales como la elaboración, distribución y venta de combustibles, electricidad, telefonía y seguros, y como los servicios médicos y bancarios, se han comenzado a dar cuenta de que el estado empresario, además de administrador pésimo y despilfarrador, es el capitalista más salvaje.
De los combustibles se dijo otrora que eran vitales para la seguridad nacional y todos aceptaron que, en nuestro rol de potencia mundial, lo eran! Hoy hay quienes se jalan el pelo por lo injustificado de los precios, sin siquiera preguntarse que resultado dio la millonada de dólares invertidos en varias modernizaciones de la refinadora.
En electricidad, comunicaciones y seguros se han dado “chorizos” (algunos bajo trámite judicial) sin ningún resultado positivo para los usuarios, pues en el primer caso los servicios son del Siglo XX y en cuanto a los seguros, son carísimos y hay que dedicarles parte del resto de la vida a cobrarlos sí se llegan a necesitar.
Cuánto más práctico, eficiente, económico y productivo- reiteramos- habría resultado vender la mayoría de las empresas estatales y confiar la prestación de esos servicios a la empresa privada en competencia. El resultado sería manifiestamente bueno para el pueblo pues mejoraría la calidad, el trato, los precios y con ello, la calidad de vida. Ah, y terminamos con los monopolios, aunque eso ya talvez se esté logrando con el TLC.
Antes de disparar de la cintura, acordémonos de que el Estado que da la concesión pone las condiciones. Potestad de imperio es la figura. Por allí se inscribirían las necesidades del país en cada área como requisitos para las concesiones.
Además, se daría una significativa economía de recursos públicos porque la inversión en instalaciones y operaciones, el mantenimiento, las planillas del personal y todo lo que significara gasto, correría por cuenta del sector privado. Cero inversión estatal. Y cero corrupción con los fondos de los costarricenses. La contrapartida monetaria, también beneficiosa, sería que por el esfuerzo e inversión de terceros, el estado recibiría impuestos.
Además, se liberarían recursos públicos- esos trillones de colones que se pierden por acción ó inacción- que podrían utilizarse en resolver los verdaderos problemas que aquejan al país: la mal financiada seguridad y la pésima educación. Y conste que ésta última se podría ir poniendo totalmente también en manos privadas para acabar con los vagabundos —sinvergüenzas agregamos nosotros— que acusa una reciente La Machaca, pues en el sector privado las vacaciones “huelguísticas” se toman por cuenta propia, no del patrono y los alumnos.
Es más, parte de esa inversión privada sería extranjera, lo que traería beneficios adicionales. ¡Que mandarían las ganancias para afuera! dirían algunos, aunque ese trillado estribillo dejó hace tiempo de tener importancia. En esos casos sería la riqueza producida lo que manden, ajustándose a lo que decía don Pepe Figueres de repartir riqueza, no pobreza.
Lo único que tendría que hacer el Gobierno es crear órganos de verdadera fiscalización —palabra que no existe en el diccionario tico— que mantengan en jaque a los competidores de cada área. Un órgano técnico-legal que a manera de Procurador Comercial, se asegure que los servicios “públicos” se ajusten a parámetros establecidos. La ARESEP, pero eso sí, bien dirigida y orientada a la defensa del consumidor. ¡Que fácil, en verdad!
¿Cómo se llama la situación en que un sátrapa del partido gobernante grasosamente perdona a un corrupto sentenciado y condenado del contrario, y públicamente se ponen de acuerdo para repartirse la “presidencia de la república” a perpetuidad? Porque eso es lo que se está viviendo en un pobre país de nuestra zona.
Muchos de los que cayeron de majes con el canto socialista sobre soberanía, aplicado a la apertura de actividades netamente comerciales como la elaboración, distribución y venta de combustibles, electricidad, telefonía y seguros, y como los servicios médicos y bancarios, se han comenzado a dar cuenta de que el estado empresario, además de administrador pésimo y despilfarrador, es el capitalista más salvaje.
