El superávit en las instituciones "autónomas"

El superávit en las instituciones “autónomas”

Son interesantes los argumentos presentados por la bancada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), en el sentido de que existe un superávit en varias instituciones del sector público; dicen estos diputados que si se usaran estos fondos para financiar el Gobierno central, no habría necesidad de una reforma fiscal. No hay razón para dudar de las cifras que ellos presentan, pero antes de tomar cualquier acción, sería importante analizar la manera en que las “autónomas” operan, y las implicaciones que conlleva pasar esos dineros al Gobierno central.
Estas instituciones, que incluyen entre otros el ICE, el INS, RECOPE, y los bancos estatales, fueron creadas y blindadas constitucionalmente precisamente para evitar que sus recursos se usaran para cubrir gastos corrientes del Gobierno central; la idea era que no fueran sujetas a los vaivenes de la política. Se debe notar que varias son percibidas por el pueblo como conquistas sociales; minar sus estructuras podría percibirse como acción en contra del bienestar nacional. Pero más importante, comenzar a canalizar sus utilidades para cubrir necesidades del Gobierno central, en vez de invertirlas en su futura gestión, tendría un impacto importante en la capacidad de producir energía, de cubrir pérdidas catastróficas si hubiera un terremoto o huracán, o de distribuir petróleo en todos los rincones del país.
No cabe duda que las instituciones “autónomas” pudieran administrarse con mejor visión y más parsimoniosamente. Los gastos superfluos de algunas han llamado la atención de todos, incluyendo seguramente a los diputados del PUSC. Una cosa es preservar las utilidades para permitir inversión para el futuro. Otra es el gasto desproporcionado en programas de publicidad, paseos en helicópteros, viajes de lujo al exterior, edificios alquilados a precios superiores a los del mercado, muebles finos, publicaciones innecesarias y una larga lista más de productos y servicios que no se tolerarían si estas fueran empresas privadas.
Es obvio que la Contraloría General de la República no ha sido capaz de supervisar las finanzas de las “autónomas” y que se requieren auditorías externas no solo de sus finanzas, sino de su misma gestión.
El pueblo de Costa Rica en su conjunto es el accionista de estas empresas, pero nunca hay “asambleas de socios” donde pueda llegar cualquier ciudadano (accionista) con cédula para cuestionar a los jerarcas sobre su gestión.
Los diputados del PUSC tienen razón en dos cosas, pero están equivocados en otra. Es definitivo que hay superávit en las instituciones. Que proporciones de los fondos de las mismas son mal gastados hasta el punto de dar pena, es también cierto. Pero no se pueden pasar al Gobierno central las utilidades que ahora se necesitan para represas (ejemplo la nueva en Pirrís) o para infraestructura (ejemplo, el nuevo muelle en Moín).
El Gobierno central gastaría todo lo recibido, ampliaría su planilla y sus programas, y estaría pordioseando en la Asamblea Legislativa pidiendo otra reforma fiscal en un par de años a lo sumo. No habría obras y el dinero se habrá gastado en quién sabe qué.
El Gobierno requiere nuevos ingresos, pero los dineros de las “autónomas” no se deben usar para resolver el problema. Hay que obligar a las “autónomas” y el Gobierno a trabajar con mayor eficiencia, pero ese es otro tema. No obstante la sugerencia de los diputados del PUSC, vamos a tener que pagar más impuestos. ¡Esa es la realidad amarga!

Carlos Denton
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