Eliminar privilegios y gollerías

Federico Malavassi | Jueves 22 octubre, 2015

Jurídicamente no corresponde mantener un privilegio inconstitucional y abusivo, ni indemnizar por su anulación

Eliminar privilegios y gollerías

Es urgente un plan para eliminar todo tipo de privilegios y gollerías que afectan las diversas formas del empleo público.
Es impostergable el debate acerca del empleo público y los principios constitucionales. El debate nacional es necesario para la salud de la República y no se puede posponer.
Algunos han insistido y aceptado que los privilegios y gollerías se deben eliminar para los futuros contratados, o sea, iniciar las nuevas relaciones laborales sin el lastre que está hundiendo al país.
Sin embargo, me permito discrepar. Lo hago con conocimiento de causa y con la experiencia jurídica del caso. Las convenciones colectivas y las reglamentaciones que contienen el clausulado que tanto afecta las finanzas públicas ya han pasado por el control constitucional.
Ante la Jurisdicción Constitucional se acusaron las cláusulas abusivas constitucionalmente prohibidas (inconstitucionales) que se hallaban en estos cuerpos normativos. La Sala, oportunamente, declaró inconstitucionales buena parte de ellas.
Las correspondientes acciones de constitucionalidad fueron promovidas por una fracción legislativa. Se trata de la misma fracción legislativa que defendió al país de un irracional paquete tributario, promovido por la Administración Pacheco. Como si no fuera suficiente defender a la sociedad de un paquete tributario innecesario y complicado, abusivo e irracional, tramitado torticeramente y con excesos de todo tipo, esa fracción se empeñó en dar seguimiento al informe de la comisión especial nombrada por el mismo Poder Ejecutivo para atender al problema fiscal.
Esa comisión informó que era necesario emprender acciones para frenar el exceso de gasto público y que una de las cuestiones más prioritarias era llevar a la Jurisdicción Constitucional ese tipo de cláusulas, que encarecían terriblemente la vida de todos los demás costarricenses.
Con los pocos recursos de la fracción legislativa y con el mismo trabajo de algunos diputados se inició una revisión de los instrumentos acusables, se diseñó un formulario de trabajo y se asumió la responsabilidad de poner en manos de la Sala Constitucional el grave asunto.
Años después fueron apareciendo las correspondientes resoluciones, anulando diversas cláusulas abusivas de las administraciones concernidas. Al ser inconstitucionales, la resolución opera de una vez (salvo dimensionamiento). El hecho es que jurídicamente no corresponde mantener un privilegio inconstitucional y abusivo, ni indemnizar por su anulación.
Si logramos hacer conciencia, si nos empeñamos en ganar el debate acerca de la racionalidad en el empleo público, si conseguimos convencer a la sociedad costarricense de imponer cordura y librarse de este yugo opresor, entonces será fácil llevar nuevamente a la Sala Constitucional todos estos abusos y obtener un importante triunfo jurídico, anulando de una vez gollerías y privilegios.
¿Seremos capaces de hacerlo?

Federico Malavassi

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