Es preciso asegurar el imperio del deber de probidad y el castigo de su transgresión o se consagra la impunidad

De cal y de arena

En los pliegues está el diablo

Tras los incidentes que conforman el  “Caso Taitelbaum” se trazan las líneas de un montaje para evadir el impuesto a la renta. Un caso más de un ardid que debe existir multiplicado enésimas veces y ante el cual las oficinas de gestión tributaria parecen impotentes. Este de doña Ofelia trasciende no precisamente por diligencia de esas oficinas sino por la queja de una ciudadana y por la investigación periodística. Grave en las fases que le precedieron y grave en los hechos que precipitaron su caída, la abrupta salida de la Defensoría de los Habitantes de la Sra. Taitelbaum quedará registrada indeleblemente en los anales de la historia de la institucionalidad costarricense como una constatación de que esta sociedad está viviendo un cambio de fondo en la estima de los valores y en la exigencia del deber de probidad en todo funcionario público.
No es el único caso en que el funcionario público de alto rango es descubierto en andanzas desafiantes del mandato de la ley o de la ética. Pero sí es el único caso en que el funcionario —aun cuando las pesquisas están en una muy preliminar fase de recolección de indicios y cuando ni siquiera la averiguación ha asomado el tipo penal aplicable a la conducta irregular— debió renunciar por la presión pública y mediática, sin que nadie tuviese la osadía de otros tiempos de brindarle su amparo o de disimularle sus desvaríos éticos. Así sucedió en aquellos expedientes de la Contraloría en que se demandaron sanciones, nunca ejecutadas, o en el caso de reciente factura de aquel diputado para el cual se coludieron las alcahueterías, como así también con un magistrado. Ni que decir de los voluminosos ampos que llenan las estanterías del Ministerio Público como Crucitas, Procesos, refinería china, trocha, consultorías…. ¿dónde está el grueso legajo de las cuentas de la campaña de Laura-2010, quién se ocupó de ocultarlo de la auscultación ciudadana?
Hoy el país demanda rigor ético en el desempeño de la función pública y exige una cruzada de recia textura para abatir la corrupción. Cabe preguntar si está habilitada la estructura institucional para posibilitar que se materialice ese anhelo nacional de repeler la corrupción y expulsar al corrupto. El “Caso Taitelbaum” confirma que el destape no se habría producido si no hubiese habido una suplantación de persona para fraguar la evasión fiscal que saltó al dominio público cuando la suplantada reaccionó. El caso Caja-Fischel se destapó tras la negativa de la comisión a un corredor de bienes raíces. Y el de la trocha 1856 lo estalló la ira de los vecinos ante el fiestón de Alí Babá. Se ha evidenciado que la estructura institucional de persecución y punición del delito padece cojera y flacidez hasta para hallar  a quien suplantaba a una costurera para montar un delito fiscal; la denuncia se archivó. Fue la acuciosidad periodística la que interrumpió el sueño del expediente. Ello no basta ni es la misión de la prensa. Es preciso asegurar el imperio del deber de probidad y el castigo de su transgresión o se consagra la impunidad.

Álvaro Madrigal

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