La justificación de los impuestos

Si los diputados aprueban impuestos nuevos sin aprobar una ley de empleo público que incluye a todos los servidores públicos estarán montando un adefesio; si lo hacen excluyendo grupos importantes en números es probable que terminan enterrando el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional FMI. Y si hacen lo correcto con la ley de empleo público, al fin reduciendo y ordenando costos, aun se pudiera cuestionar el paquete de impuestos que desean meter al pueblo como un Plan A. (No hay Plan B insisten)

En otros países cuando un gobierno promueve un proyecto de nuevos impuestos se les exige tres estudios: 1) Un análisis del impacto del cobro impositivo en la economía nacional; 2) Un estimado del costo de cobrar el impuesto y 3) El monto estimado que se podrá recolectar. Usualmente el gobierno de Costa Rica no hace los estudios, improvisan y el resultado ha sido distorsiones que por años no se logran remediar.

Normalmente internacionalmente los impuestos que se cobran son de cuatro tipos; sobre ingresos, sobre las ventas, sobre la propiedad y algunos de productos que se consideran de lujo. En Costa Rica hay impuestos de esos cuatro tipos y varios más. Se cobra un “impuesto al rodeo” que es pagar por el derecho de usar las calles y carreteras que fueron construidas con el dinero del contribuyente. A demás el gobierno cobra un peaje por cada uso de la misma carretera (ejemplo General Cañas). Se cobra por la salida del aeropuerto. Se cobran timbres por cualquier uso del Registro Público. Si un ciudadano sale por una frontera a pie cobran $7 por el privilegio en violación del artículo 22 de la Constitución. Como dijo un ciudadano recientemente – “ahorita cobrarán por el uso del aire que uno respira.”

¿Cuál es el problema del país? El gobierno no cobra adecuadamente los impuestos existentes y pasa buscando cosas nuevas donde puede “meter el diente.” Sería más pertinente simplificar los impuestos a unos cuatro o cinco y realmente cobrarlos.

Ahora presentó el gobierno un paquete nuevo de varios impuestos o aumentos de existentes que forman parte de un acuerdo técnico con el FMI; poco hay en lo negociado para rebajar costos de gobierno excepto el proyecto de la ley del empleo público.

Como dice más de un ciudadano disgustado “no importaría que tengan costos tan altos si la calidad de obras y de servicios fuera acorde.” Pero la verdad es que hay una carestía de obras públicas de todo tipo – desde carreteras hasta escuelas y hospitales. La pobreza está en aumento. Se paga por una educación pública de primer mundo y se recibe instrucción del tercero; eso si decide el docente asistir a los centros educativos y dar clases. Hay poco alcantarillado; los ríos son las cloacas públicas en un país que reclama reconocimiento por tener compromiso con el medio ambiente. Es un país donde los criminales andan en la calle libremente mientras que los ciudadanos honestos viven detrás de las rejas. ¡Ninguna excepción a la ley de empleo público! ¡Por favor!

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