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La reforma de Biden a la justicia penal

Marilyn Batista Márquez [email protected] | Jueves 21 enero, 2021

De las muchas acciones que ha prometido el nuevo presidente de los Estados Unidos de América, Joe Biden, me parece importante destacar su férrea posición de prevención de la delincuencia, bajo una óptica de respeto a los derechos humanos, que se basa en la eliminación de las disparidades raciales, la garantía de sentencias justas, la apuesta a la educación y el ofrecimiento de segundas oportunidades.

El Plan Biden, que se encuentra disponible en su página electrónica, tiene un compromiso primario con el sistema de justicia penal, dejando claro que “no puede ser justo a menos que erradiquemos del sistema las disparidades raciales, de género y con base en el ingreso”.

Para subsanar el desequilibrio en el sistema de justicia penal, el mandatario apunta a la redención y rehabilitación, asegurando que las personas encarceladas tengan la oportunidad de ser miembros productivos de la sociedad, con impacto positivo en el crecimiento económico, a través de la facilitación de una adecuada atención médica, educación, empleo y vivienda, para que puedan reincorporarse con éxito a la sociedad después de cumplir sus sentencias.

El nuevo presidente propone eliminar el encarcelamiento por consumo de drogas a cambio del tratamiento al problema de adicción, de manera que repercuta en la disminución del número de individuos en prisión, y por consiguiente en la merma del gasto federal penal. Los ahorros derivados de la disminución de la población de privados de libertad deberán ser reinvertidos en las comunidades afectadas por el encarcelamiento masivo.

Cita el documento que “Los estados, condados y ciudades recibirán fondos para invertir en esfuerzos comprobados para reducir la delincuencia y el encarcelamiento, incluyendo aquellos para enfrentar algunos de los factores relacionados con el encarcelamiento, como el analfabetismo y el abuso infantil”.

Basado en estadísticas que demuestran que un gran porcentaje de las personas que están encarceladas, son de ingresos bajos, pertenecen a grupos minoritarios y carecen de educación superior, el plan de Biden triplicará los fondos que financia escuelas con un alto porcentaje de estudiantes de familias de bajos ingresos, como una forma de eliminar la brecha de financiamiento entre los distritos blancos y no blancos, y los distritos ricos y pobres.

Para fortalecer el respeto a los derechos humanos, financiará iniciativas para vincular a los departamentos de policía con expertos en salud mental y trastornos del uso de sustancias, trabajadores sociales y defensores de la discapacidad. Con esta acción pretende capacitar a los oficiales de policía en la mejora las interacciones con personas con graves trastornos emocionales antes de que se vuelvan violentas, evitando muertes, tragedias y encarcelamientos.

Como uno de cada cinco adultos en Estados Unidos padece de una enfermedad mental a lo largo de su vida y actualmente casi 10 millones de personas viven con un trastorno mental grave que incluye ansiedad, depresión y trastorno bipolar, según Access Community Health Network (ACCESS), el Plan Biden contempla la ampliación de la cobertura del seguro médico para que más ciudadanos tengan acceso a tratamiento y en igualdad de condiciones. Lo anterior, por la correlación entre actos violentos y delictivos con enfermedades mentales y adicciones. También duplicará el número de psicólogos, consejeros, enfermeras, trabajadores sociales y otros profesionales de la salud en las escuelas para la atención de salud mental.

Y como la justicia debe ser accesible y oportuna, el nuevo presidente impulsará la inversión en las oficinas de los defensores públicos para garantizar el acceso de los acusados a abogados de calidad. “Para crear un sistema de justicia penal más justo, debemos asegurarnos de que las personas que no pueden pagar un abogado tengan una representación de calidad. Y, el acceso a un abogado debe estar disponible a partir del momento en que alguien comparezca ante un juez”.

Son muchas más las acciones que contempla el Plan de Biden, relacionadas a la reforma de la justicia penal, como la eliminación de las sentencias demasiado severas para los delitos no violentos, usar el poder del Departamento de Justicia de los Estados Unidos para abordar la conducta indebida sistémica en los departamentos de policía y las oficinas de los fiscales, despenalizar el uso del cannabis, la eliminación de la pena de muerte a nivel federal, suprimir la fianza en efectivo que perjudica desproporcionadamente a las personas de bajos ingresos y responder a las necesidades únicas de las mujeres encarceladas.

De lograr cumplir al menos el 50 por ciento de estas propuestas, no me queda la menor duda de que Joe Biden marcará una nueva era en la democracia estadounidense.

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