La ley del menor esfuerzo

Lamentablemente, durante el primer año del actual Gobierno se han acumulado múltiples desaciertos. Así, entre ofrecimientos de embajadas, el proyecto de “ley mordaza” y conciertos cancelados se acumulan los desatinos de la actual administración.
Sin embargo, aún queda tiempo para la redención.
Es aquí donde le propongo al Gobierno que tome la bandera en la lucha contra la economía informal.
Según la Encuesta Continua de Empleo publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) en agosto de 2014 el empleo informal alcanzó al 44% de la población ocupada en el cuarto trimestre de 2013.
Los “empresarios” que son empleadores de esta población claramente están al margen de la Ley y por lo tanto deben ser del interés no solo de la Administración Tributaria, sino de la Administración de la Seguridad Social de la Caja, de la administración tributaria municipal y del mismo Ministerio de Trabajo.
En otras palabras, quien hace negocios en la economía informal no paga impuestos, no paga cargas sociales, no paga patentes municipales y probablemente no paga salarios mínimos a sus empleados.
¿No resulta evidente que buscar la formalidad de este sector debería ser una prioridad para este Gobierno?
Por el contrario, la tónica de las anteriores administraciones ha sido otra. Es decir, hasta la fecha, ha resultado más fácil para la burocracia del Estado y sus instituciones perseguir a quienes se encuentran formalizados.
A aquellos que, sin importar el costo, se registran ante las autoridades correspondientes y cumplen con sus obligaciones.
Costa Rica, por desgracia, es un país en el cual la Ley se interpreta pero no se respeta y esa patología la vemos cada vez que las administraciones (ya sean tributarias o de la seguridad social) buscan creativamente la forma de señalar incumplimientos infundados en las actuaciones de los administrados solo con el propósito de recaudar ingresos adicionales.
Como lo mencionamos en nuestra columna del 29 de setiembre de 2014 (“A tomar las calles”) es “…imperativo que la Administración Tributaria diseñe un plan a afecto de que sus funcionarios tomen las calles y requieran, puerta por puerta, de los distintos locales comerciales u oficinas profesionales, una copia de la declaración del Impuesto sobre la Renta del último año…”.
A este esfuerzo se debe sumar la seguridad social, la administración tributaria municipalidad y el Ministerio de Trabajo.
¿Existirán suficientes funcionarios en esas instancias administrativas para caminar las calles de este país y exigir el respeto a sus leyes?
Me atrevo a contestar que sí. Sin embargo, adicionalmente, lo que falta es voluntad política, y es allí donde surge el espacio para que este Gobierno haga una diferencia y se gane un lugar en la historia de nuestro país.
¿Será este Gobierno el que traiga a la formalidad a una porción importante de la economía informal? ¿O le será más fácil seguir aplicando la ley del menor esfuerzo?

Randall Madriz
Abogado tributario
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