Las vivencias políticas de Perú demandan fortalecer la democracia hemisférica

Miguel Angel Rodríguez [email protected] | Lunes 12 diciembre, 2022

La dictadura del Expresidente Pedro Castillo del Perú fue brevísima, pero sus efectos deben ser de largo alcance.

Un Presidente legítimamente electo de conformidad con las normas de representatividad de su país intentó convertirse en dictador anunciando el cierre de su poder legislativo, inaugurando un “gobierno de excepción” por medio de decretos-ley, declarando un estado de sitio y prometiendo una convocatoria a la elección de un nuevo congreso con facultades constituyentes.

En los noventas del siglo XX la dictadura que estableció el Presidente Alberto Fujimori promovió la adopción de la Carta Democrática Interamericana.

Las acciones del 7 de diciembre en Perú deberían promover acciones para fortalecer la vigencia de la democracia liberal en nuestro hemisferio, y su defensa interamericana como derecho humano de los americanos a vivir en democracia con pleno respeto de sus libertades, su dignidad, sus derechos humanos con la vigencia de efectivos estados de derecho.

Vivir en democracia nunca ha sido fácil, ni nunca está asegurado. Vivir en una sociedad que respete la dignidad, la libertad y los derechos intrínsecos de todas y cada una de las personas requiere: 1.- la vigencia de las normas necesarias para que se dé una verdadera representatividad en quienes ejercen el gobierno, 2.- que funcione un estado de derecho con independencia entre sus poderes, con asignación previa de competencias, con autonomía de los jueces y debido proceso igual para todos, con revisión judicial de las resoluciones administrativas, el control político por los parlamentos, la libertad de expresión y 3.- que prevalezca una verdadera cultura de libertad y democracia que permita la operación de una sociedad fuerte que limite las acciones del estado e impida se convierta en el Leviatán, y también permita la operación de un estado fuerte para evitar la anarquía y los abusos de los poderosos.

La construcción de un estado, una sociedad, una juridicidad y una cultura democráticas ha sido una lucha milenaria de las personas en su afán de vivir dignamente, libres y con capacidad de progresar en la satisfacción de sus necesidades.

Y es una lucha que nunca termina.

Ya nos lo dijo Benjamín Franklin, uno de los padres de la democracia de Estados Unidos de América: “Aquellos que renunciarían a la libertad esencial para comprar un poco de seguridad temporal no merecen libertad ni seguridad.”. No solo no las merecen, además las pierden.

La historia es categórica. Basta con repasar la vida de las naciones de América Latina posterior a la independencia. Cada vez que se sacrifican las instituciones que promueven la libertad, puede ser que “comiéndose las mejores vacas ” aumente temporalmente el bienestar material pero disminuye el hato y baja la producción. Con la pérdida de la libertad se destruye el estado de derecho, y se pierden la seguridad jurídica, el interés por emprender, el respeto a la propiedad privada, la capacidad de contratar, de innovar y producir con eficiencia ante los cambios tecnológicos y en los gustos: Se termina empobreciendo a la sociedad.

Como “el poder corrompe y el poder político corrompe absolutamente” (Lord Acton) y como además el poder enferma y limita la capacidad de empatía (ver El Poder Causa Daño y Enferma en WWW.rodriguez.cr) se hace indispensable para la defensa del estado de derecho que se establezcan garantías en defensa de los derechos humanos y mecanismos para defenderlos y restaurar su ejercicio.

Eso se fue desarrollando en el sistema de derecho interno de las naciones democráticas: habeas corpus, amparo, vía contenciosa administrativa, derecho a la constitucionalidad de las acciones del estado, tribunales de constitucionalidad y de derechos humanos.

Después de la II Guerra Mundial el derecho internacional gozó de muy grandes avances, el más importante a mi juicio la concepción de las personas individuales y sus organizaciones voluntarias como sujetos del derecho internacional público. Y se establecieron instancias internacionales para la protección de los derechos humanos.

En los últimos años del siglo XX se da una ola democrática en nuestra región. Pero en 1992 en Perú el gobierno legítimamente electo del Presidente Alberto Fujimori rompe el orden constitucional, impide el funcionamiento del poder legislativo, la libertad de expresión y la independencia judicial, y se perpetúa en el poder.

Fue un poderoso llamado de atención. Recordó que la democracia no solo se pierde por golpes de cuartel.

En 2001 en la Cumbre de las Américas de Quebec tuve el honor de presentar la moción de Costa Rica para que se declarase que: “Reconocemos que los valores y prácticas de la democracia son fundamentales para avanzar en el logro de todos nuestros objetivos. El mantenimiento y fortalecimiento del Estado de Derecho y el respeto estricto al sistema democrático son, al mismo tiempo, un propósito y un compromiso compartido, así como una condición esencial de nuestra presencia en ésta y en futuras Cumbres. En consecuencia, cualquier alteración o ruptura inconstitucional del orden democrático en un Estado del Hemisferio constituye un obstáculo insuperable para la participación del Gobierno de dicho Estado en el proceso de Cumbres de las Américas”.

Mes y medio después en la Asamblea General de la OEA en San José no se pudo terminar de aprobar la Carta Democrática Interamericana (CDI) promovida por Canadá, Costa Rica y Perú, pero se convocó la reunión extraordinaria que la aprobó el 11 de setiembre de ese año en Lima.

Estaba ya claramente consagrado en nuestro continente el derecho humano de las personas a vivir en democracia, y su defensa interamericana.

La primera y muy clara aplicación de la CDI y de sus principios se da en 2002 durante el golpe militar contra el gobierno de Hugo Chávez en Venezuela, cuando estaba en San José reunido el Grupo de Río bajo mi presidencia y se actuó muy velozmente en contra de esa violación a la democracia.

Con la fuerza del socialismo del siglo XXI de Hugo Chávez, la CDI durmió después de 2005 en los anaqueles de la OEA y las cancillerías de América, salvo por su aplicación a Honduras por el rompimiento del orden constitucional en 2009 por parte de grupos contrarios a la izquierda promovida por la Venezuela de Chávez.

Para la Cumbre de Panamá en 2015 incluso se viola la Cláusula Democrática establecida en Quebec y se invita a participar a la Cuba de los Castro.

A partir de las evidentes violaciones a los elementos más básicos de la democracia liberal por parte del gobierno de Nicolas Maduro después de haber perdido el control de la Asamblea Nacional de Venezuela en diciembre de 2015, se da un cambio en la OEA bajo la Secretaría General de Luis Almagro. Pero se dificulta y tarda la aplicación de la CDI por la renuencia de algunos estados de actuar en consonancia con los principios del derecho internacional hemisférico.

Durante esos años la CDI cobro importancia también frente a la dictadura de Ortega y Murillo en Nicaragua y ante los problemas en las elecciones de Bolivia de 2019.

Pero, como lo evidencia la Cumbre de las Américas de este año en Los Angeles, los ánimos por la defensa de la libertad y la democracia liberal han flaqueado en una buena parte de los gobiernos de nuestro continente, posiblemente por la caída del aprecio por ellos que se viene dando en este siglo.

Por otra parte, con alguna razón algunos juristas señalan que es necesario cambiar el régimen sancionatorio de la CDI pues expulsar al infractor no ayuda a reconquistar la democracia.

La brevísima dictadura el Expresidente Pedro Castillo debe otra vez desde el Perú impulsar el desarrollo de mecanismos interamericanos para proteger el derecho humano de los americanos a vivir en una democracia liberal.

¿Tendrán de nuevo Canadá, Costa Rica y Perú la voluntad y la capacidad de liderar esa tarea como lo hicimos hace 21 años?

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