Entrevista Especial Diputada de la Unidad
María Inés Solís: “No debemos convertir ley de empleo público en una lucha entre el sector estatal y privado”
Universidades, Poder Judicial y otras instituciones deberían participar en definición de salario global
Esteban Arrieta [email protected] | Miércoles 03 marzo, 2021
Garantizar que todo el sistema de empleo público sea compatible con el objetivo de sanear y equilibrar las finanzas públicas, así así como hacer más eficiente al sector estatal, deben ser los objetivos de la ley de empleo que se debate en el Congreso, según María Inés Solís, diputada del PUSC.
Sin embargo, esto no significa que este proyecto se convierta en una guerra entre el sector público y estatal, por lo que diversas instituciones deberían participar en la definición del salario global.
¿Cómo garantizar que se utilice como parámetro un salario de acuerdo con el mercado privado y no un salario por encima de la media en la ley de empleo público?
El sector público tiene sus esquemas salariales y se buscan varios objetivos, como son el cerrar las brechas que hay entre entidades para una labor similar, que las remuneraciones sean razonables, que respondan a criterios de eficiencia, productividad y evaluación del desempeño. Asimismo, que todo el sistema de empleo público sea compatible con el objetivo de sanear y equilibrar las finanzas públicas. Esa es la mejor forma de garantizar que cada funcionario público conserve su trabajo y reciba su remuneración.
Si eso se logra, los salarios públicos también serían más acordes con la realidad del mercado laboral costarricense, recortando privilegios que son disparadores del gasto público.
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Sin embargo, no debemos convertir este proyecto en una lucha entre el sector público y privado, como algunos lo han querido plantear.
¿Quién debería definir el salario global en la ley de empleo público?
Esa definición no es potestad de una sola entidad, sino más bien un trabajo en conjunto.
Parece haber acuerdo en crear un Sistema General de Empleo Público, en donde la Dirección General del Servicio Civil tendrá que elaborar una metodología de valoración del trabajo, para cada familia de salarios que considera el proyecto.
A partir de esa metodología, la Dirección General Servicio Civil en conjunto con el Mideplan y la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria del Ministerio de Hacienda, elaborarán una columna salarial global, que es la base del régimen salarial unificado al que se someterán todas las instituciones.
Es un sistema donde cada actor tiene competencias y rectorías de acuerdo con su área de especialización.
Sin embargo, debo aclarar que esta iniciativa de ley está en una etapa donde sus alcances pueden modificarse significativamente. Por ejemplo, se está construyendo un acuerdo alrededor de la idea de que en la elaboración de la columna salarial global, también participen las instituciones que representan a las diferentes familias salariales dando sus criterios técnicos y transmitiendo sus necesidades; esas son el Poder Judicial, el TSE, las municipalidades, universidades e instituciones autónomas.
¿Será difícil conseguir los 38 votos en plenario?
Aún hay temas muy álgidos por discutir como los privilegios de las convenciones colectivas, la rectoría del sistema de empleo, la inclusión de universidades y municipalidades, la forma en que se hará la transición al salario global, entre otros. Hasta no avanzar con mayor claridad en esos temas, es imposible saber si alcanzarán los votos para que este proyecto sea ley. Y avanzar más conlleva votar los cientos de mociones pendientes en Comisión y muy posiblemente otras más que se reiteren en el Plenario.
Recordemos que hay debates y diversas posiciones sobre estos temas a lo interno de las fracciones, y entre la misma fracción oficialista.
Es importante que se haga un trabajo desde el Gobierno para alcanzar acuerdos que fortalezcan esta propuesta, no dejar que la debiliten y que todo el esfuerzo sea en vano.