No se vale
Randall Madriz [email protected] | Lunes 16 febrero, 2015
No se vale
Sin embargo, resulta interesante señalar lo siguiente: entre los gastos susceptibles de disminuir se encontraban ¢5.880 millones correspondientes a las Juntas de Educación y ¢4.665 millones a las Juntas de Administración.
Es decir, más del 50% del recorte en gastos ofrecido por el Gobierno, correspondía a las sustanciosas transferencias que el Poder Ejecutivo hace a favor de dichas juntas.
Para 2013, el fondo administrado por estas juntas rondó los ¢146 mil millones y para 2014 superó los ¢172 mil millones.
Tales juntas son entidades de naturaleza pública que, entre otros fines, dan soporte a los centros educativos a fin de mejorar la calidad de la educación pública, proveer a sus necesidades y velar por las instalaciones físicas de esos centros.
El tema se vuelve espinoso cuando hacemos un recuento de los pronunciamientos que la Contraloría ha emitido en los últimos años. En todos, se han señalado debilidades en la administración de esas juntas.
Así, mediante un informe de fecha 28 de setiembre de 2012, la Contraloría señaló que de los proyectos adjudicados en el periodo 2008-2011, el 49,3% sufrió aumentos en el precio. De los mismos, en el 45% de los casos el precio se incrementó entre un 41% y un 50%.
Muy relacionado con lo anterior, y mediante un informe de fecha 28 de junio de 2013, la Contraloría señaló que las juntas no realizaban estudios sobre la razonabilidad de los precios ofertados por los contratistas/oferentes en los distintos procesos de contratación que eran adjudicados.
Por otra parte, mediante el informe de fecha 20 de diciembre de 2013 la Contraloría señaló que, de 70 centros educativos inspeccionados, 66 no tenían correctamente identificados mediante rótulo o placa los activos adquiridos con fondos del erario público.
Solo hemos rescatado los puntos más relevantes de los varios indicados en esos informes.
No podemos cerrar nuestros ojos ante el peso de lo evidenciado por la Contraloría, sobre todo si tomamos en cuenta las intenciones de este Gobierno por presentar una reforma fiscal dirigida a recaudar más impuestos.
Los conceptos de calidad y austeridad en el gasto han sido ajenos durante los años anteriores en el desempeño de la función pública. No existió, en la administración de esas juntas, una relación clara entre los montos recibidos y los fines que debían cumplir, sobre todo si vemos las condiciones deplorables en que muchos centros educativos se encuentran hoy.
Hace poco empezaron las clases y son muchas las necesidades que no se han cubierto. No se vale gastar tanto y hacer tan poco bien. Igual, no se vale pedir más si se va a gastar de una forma tan ineficiente.
Randall Madriz
Abogado Tributario
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