¿Qué pasa en la Comisión de Emergencias?
Arturo Jofré [email protected] | Viernes 05 diciembre, 2008

Arturo Jofré

No es difícil que el proselitismo político pueda penetrar las acciones de la CNE, dadas las características que por ley tiene esta comisión. En primer término, la ley que regula a esta comisión deja en manos del Poder Ejecutivo el nombramiento de todos los jerarcas y de ahí en adelante, toda su organización. Esto crea una figura institucional temporal, en que puede llegar gente sin gran experiencia en estos temas y cuando más o menos la adquiere, debe salir. Los centenares de millones que se gastan en educar y capacitar a gente temporal son en realidad un desperdicio.
Antes en Costa Rica las emergencias eran situaciones aisladas, eso lamentablemente ya se acabó. Los fenómenos climáticos a escala mundial nos están pasando la factura por no haber sabido convivir con la naturaleza. Además, se producen diversas emergencias como las vividas recientemente con el dengue, los rellenos sanitarios, plantas de aguas residuales, entre otras. Los decretos de emergencia nacional se suceden uno tras otro, haciendo de esta tarea una actividad regular y en muchos casos previsible. Lo cierto es que lo que antes era esporádico hoy es rutinario.
Hay otro factor a considerar y es el monto de los recursos orientados a emergencias nacionales, el cual es muy cuantioso y lógicamente estos fondos tienen un tratamiento de excepción ante la rigidez presupuestaria del aparato estatal. La CNE es una de las pocas instituciones, tal vez la única, que rinde cuentas “a posteriori”, lo que implica una enorme responsabilidad y rigurosidad en el uso de estos recursos. Muchos recordamos que estos fondos de emergencia hicieron mucho ruido por su mal uso en tiempos pasados y debemos estar alerta para que esto no se repita.
Donde hay mucho dinero y mucha flexibilidad para gastarlo, los controles deben ser muy acuciosos. En estos campos hay zonas grises, donde es difícil saber hasta dónde llegan los límites de una emergencia, lo que crea espacios propicios para el desvío de recursos o para canalizarlos hacia problemas reales pero no propios de una emergencia. Los dineros que manejan los funcionarios públicos son sagrados, especialmente si van dirigidos a la gente pobre o a los damnificados de tragedias. Aquí es donde la sola denuncia pública debe llevar a la Contraloría General de la República a actuar de oficio e investigar a fondo lo que ocurre en la CNE. Esto no significa acusar a nadie, simplemente investigar y, quienes más se favorecen con esto son las autoridades públicas, porque rendir cuentas claras es inherente a la función pública.
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