En 40 años han surgido más de medio centenar de universidades, una apreciable cantidad de ellas de muy buen nivel y otras cuestionables

Reforma a ley de universidades privadas II

Me voy a referir, en el reducido espacio de una columna, al proyecto de reforma a la ley que regula a las universidades privadas, impulsado por la ministra de Educación, Dra. Sonia Marta Mora. Lo haré desde un punto de vista personal.
La reforma más importante del proyecto se refiere a la obligatoriedad de la acreditación institucional de las universidades privadas existentes y futuras. El proyecto señala un plazo de cinco años para que se acrediten. Otra reforma de fondo es la obligación de acreditar todas las carreras de educación, salud e ingeniería civil. Esta propuesta es robusta y tendría un gran impacto en la educación superior a corto, mediano y largo plazo.
Esto implica que cada universidad y las carreras indicadas deberán cumplir obligatoriamente con una serie de exigencias de calidad ante el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (SINAES). En el plano internacional hay países, como los europeos, donde la acreditación de calidad es obligatoria, en otros es voluntaria, y también hay países donde la obligatoriedad se centra solo en algunas carreras.
Establecer una base de calidad de las universidades es importante, creo que pocos se oponen a esto. En 40 años han surgido más de medio centenar de universidades, una apreciable cantidad de ellas de muy buen nivel y otras cuestionables. Es importante que el órgano creado por ley para evaluar la calidad (SINAES) sea el que cumpla esta tarea, como lo señala el proyecto.
Hay una realidad que la ley debe considerar con más atención. Las universidades que cumplen con los estándares de calidad exigidos, no deberían estar maniatadas. No deberían estar pidiendo al CONESUP que les autorice un cambio de un objetivo del programa de un curso, para dar un ejemplo de muchos. Hay que aprovechar esta reforma legal para abrir espacio para que las universidades puedan volar, crear, innovar.
Confiemos en aquellos que están haciendo un esfuerzo cualitativo importante y permitamos que crezcan sin ataduras, eso engrandece a la sociedad toda. La fiscalización debe complementarse con el estímulo.
El proyecto plantea plazos para las decisiones del CONESUP, lo que es bueno, pero agregaría algo más. Uno de los problemas frecuentes es la falta de uniformidad de criterios, por ejemplo, cuando hay que aprobar carreras o planes de estudio. Esto crea muchas dificultades, entre otras, el que se demoran mucho las decisiones. Hay que atenuar el “ping-pong” entre la universidad y el CONESUP ante cada solicitud.
Otras reformas interesantes del proyecto de ley es la de abrir las puertas a la presencia de profesores internacionales; a generar derechos a los estudiantes; y a la actualización quinquenal de planes de estudio.
Llegó la hora de la Asamblea Legislativa, a donde llegará el proyecto alternativo de la Dra. Silvia Castro. Hay ideas valiosas en ambos. Estamos frente a una oportunidad de cambios importantes de la educación superior privada.

Arturo Jofré

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