Sobre el “marchamo”

Si Costa Rica tuviera un moderno y eficiente sistema de transporte público podría ser medianamente entendible que se cobren altos impuestos a los propietarios de vehículos. Pero no tenemos transporte público eficiente y estamos lejísimos de llegar a tenerlo. Además, un porcentaje importante de los vehículos no se usan para pasear, sino para trabajar. Incluso quienes no tienen un vehículo propio, utilizan el de otros, como los taxis o los vehículos contratados por plataformas. Por esta razón, en Costa Rica tener un vehículo muchas veces no es un lujo sino una necesidad, pero a veces parece una maldición.

Empecemos por los extraordinarios impuestos que paga la simple importación de los vehículos, siguiendo por los impuestos al combustible, así como impuestos por los consumibles (llantas, aceites, etc.), reparaciones (servicios de taller) y repuestos (compensadores, luces, luces, etc.), que deben comprarse constantemente, en mucho fruto del deplorable estado de nuestras vías públicas, no solo carentes de mantenimiento por las serias deficiencias en términos de cantidad y calidad de los materiales, sino también llenas de huecos y muchas sin ni siquiera señalización.

Pero luego viene para rematar… el famoso marchamo, que no son los $27 que se pagarían en Panamá, sino que resulta ser de los más caros del mundo y debe cancelarse justo a finales de año, como si fuera irrelevante la ya exagerada suma que se canceló en la compra. Para colmo, a pesar de que los carros sufren una tremenda depreciación con solo sacarlos de la agencia, para Hacienda resulta lo contrario y cada año valen más, por lo que también recaudan más impuestos. La razón por la que esto ocurre se debe a que la fórmula de cálculo considera la diferencia entre la inflación y la depreciación del vehículo, por lo que, a una alta inflación, mayor el pago de impuestos.

Ciertamente, dicha formula tiene una explicación que no carece del todo de lógica, ya que actualiza el pago del tributo a su valor real colonizado. Lo que resulta del todo inaceptable es que al mismo tiempo no se puedan utilizar los valores reales colonizados de los activos de las empresas para efectos del gasto depreciación. O dicho de otra forma, se vale cobrar impuestos por revaluación, pero no se permite lo mismo para el gasto por depreciación. Además, cuando una empresa ha tenido un vehículo 10 años, deja de poder deducirse depreciación alguna, sin embargo, tendrá que seguir pagando el marchamo de forma eterna. Es decir, Hacienda siempre gana y el contribuyente siempre pierde.

Otro problema es la gran dependencia recaudatoria que hay de este impuesto en el país, del cual casi que dependen los aguinaldos del sector público en términos de flujo de caja, por lo que siempre ha existido poco interés de las autoridades para dar un poco de lógica al asunto.

La justicia tributaria en este país parece tan lejana como tener una decente red para transporte público.

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