¿Solución definitiva?
Vilma Ibarra [email protected] | Miércoles 15 julio, 2009
Hablando Claro
¿Solución definitiva?
“Felizmente la rancia cuestión sobre (la) validez del tratado Cañas-Jerez, que durante cerca de veinte años ha tenido a Costa Rica y Nicaragua más de una vez al borde de la guerra, está ya hoy enterrada definitivamente”.Esta categórica afirmación la escribió don Ricardo Jiménez Oreamuno en 1888, después de que el Presidente Grover Cleveland emitiera el fallo respecto de la disputa que llevó a ambos países a solicitarle dilucidar los extremos de los derechos concedidos a ambas partes en el acuerdo de límites de 1858. Lamentablemente el colaborador que tuvo la gentileza de enviárnoslo, no nos pudo referenciar la fuente, aunque sí queda claro que se trata de cinco artículos sobre el Laudo y la Convención de Arbitraje que fueron escritos entre el 88 y el 89 por la brillante pluma de don Ricardo.
De esa extensa pero sobre todo aleccionadora serie, extraemos hoy solo una aguda consideración de don Ricardo acerca de la entereza, honorabilidad e hidalguía que debemos tener los costarricenses para reconocer —con el lente de la tolerancia y la comprensión— que nuestros puntos de vista divergentes, son simplemente interpretaciones distintas de la realidad que todos tenemos derecho a tener y a las cuales no tiene sentido alguno atribuir mala fe de los “otros”. Dicho en sus propias palabras: “Para afirmar que solo de mala fe se puede disentir de nuestra opinión, será preciso demostrar que a diferencia de los demás mortales, estamos exentos de errar y que no es posible que nadie yerre de buena fe”.
Cuando don Ricardo sentenció que aquel laudo cerraba “definitivamente” nuestras diferencias de criterio limítrofes, no podía imaginar que 121 años después estuviéramos en Corte Internacional escuchando un nuevo fallo sobre los extremos de nuestros mutuos derechos de libre navegación y soberanía en el San Juan.
De modo que a la pregunta de qué ganamos y qué ganaron, cabe hoy como en 1888 decir que ni más ni menos que lo que era de cada uno. Nosotros, nuestro derecho al libre tránsito (aunque ahora sí con la claridad meridiana de que la actividad turística es intrínseca al objetivo comercial), y ellos, su necesaria reafirmación del dominio y sumo imperio del San Juan.
Y ojalá ambos pueblos (y sus respectivos gobiernos) podamos decir que ahora sí tenemos una solución “definitiva”. Y podamos actuar en consecuencia para cumplirla cabalmente.
Porque yo me resisto a creer que por la falta de visión de unos u otros, las futuras generaciones estén dentro de otros 100 años celebrando o criticando aquí y allá una nueva interpretación de quién sabe cuál órgano jurisdiccional que por aquel entonces sea comisionado para resolver disputas de esta naturaleza.
Tenemos muchos asuntos mucho más relevantes que acometer conjuntamente para volver sobre lo mismo.
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