Transparencia y control político

Transparencia y control político

Mucho se habla hoy de transparencia y de control político como una de las bases de una auténtica democracia. Tal énfasis expresa, en las condiciones actuales, la dimensión ética de la política que, junto al análisis objetivo (ciencia) de la realidad y la construcción de un proyecto de sociedad hacia el futuro (utopía) constituyen el ser y razón de ser del quehacer político.
En el momento que se vive actualmente en el mundo, el desarrollo de la democracia moderna, dicha actividad se convierte en esencial. Más aún, suele manifestarse como una exigencia espontánea de los ciudadanos.
Hoy los pueblos exigen, en diversas formas, una participación, no solo más directa, sino también más permanente y total de las actividades de la esfera de lo público, es decir, un control del poder por parte de quienes han sido elegidos o nombrados para ejercerlo en nombre y, sobre todo, en beneficio de quienes los pusieron allí.
El poder no es un privilegio personal; más exactamente, debe ser asumido como la posibilidad de servir a la comunidad. El poder solo se justifica si busca eficazmente el bien común. La corrupción mayor consiste en ver en el poder un derecho sin el correspondiente deber.
En un estado de derecho, estos ideales tan nobles como elevados, solo son posibles si el quehacer político se enmarca en los grandes principios que inspiran la ciencia jurídica, uno de los cuales se funda en lo establecido por el gran cambio operado con la promulgación del Código Civil por parte del emperador francés Napoleón I en 1806. Dicha acción constituye según el filósofo Hegel, el salto revolucionario más grande de la historia política de Occidente después de la elaboración del Derecho Romano. En efecto, este establece que la justicia es la base y razón de ser del derecho. Por su parte, el Derecho Civil pone énfasis en fijar los límites a la justicia al definirla no como un fin en sí mismo sino como un medio para lograr la libertad.
Con base en esas concepciones, se establece la drástica división entre la esfera de lo público y la de lo privado. Lo público tiene un carácter compulsivo que no tiene lo privado. Ningún funcionario público es dueño de los bienes que tiene a su disposición; solo los puede usar única y exclusivamente para los fines que establece la ley y empleando los procedimientos que ella establece.
Por eso, para que haya democracia real, debe haber siempre un control político ejercido por todos los ciudadanos como un recurso para hacer efectivas las libertades políticas. La Asamblea Legislativa es la más alta instancia de control político. Por eso, a nombre de quienes eligieron a sus miembros, tiene el derecho y el deber de ejercer dicho control, tanto en el plenario como en comisiones, como la que se acaba de crear para ocuparse de las contrataciones.
También los medios de comunicación deben ejercer el control político dando cabida a las voces de la opinión pública. Los medios de comunicación no son, en primer lugar una empresa con fines comerciales, ni un partido político camuflado, sino un instrumento técnico mediante el cual se expresa la voluntad general como motor inspirador de la política.
Por eso las grandes revoluciones modernas han comenzado con una transformación en la comunicación de masas. La democracia se hace posible cuando las ideas se difunden. Pero ninguno de esos logros constituye un verdadero avance de la humanidad si no se funda en aquellos valores que tengan como objetivo la dignidad humana en todas sus facetas.

Arnoldo Mora