“Si no le zocamos la faja al gobierno, el gobierno nos la zocará a todos los demás”, afirmé en setiembre

Un presupuesto irresponsable

El Presupuesto de 2015, no debió aprobarse por ser irresponsable. Irresponsable por ser jurídicamente cuestionable (al final, la Constitución exige la aprobación del Presupuesto en dos debates, pero resulta que solamente se aprobó en el segundo debate, pues en el primero se rechazó). Irresponsable por los efectos de un gasto público desmesurado sobre las tasas de interés, el endeudamiento público, la inflación previsible y la pobreza.
Un déficit fiscal superior al 6% del PIB, significa hipotecar el futuro de los costarricenses, no para invertir en obras y bienes públicos, sino fundamentalmente para gastos ordinarios e intereses. Irresponsable por las señales negativas que envía a la sociedad y a los actores económicos.
Debió apoyarse, solidaria y unitariamente, el trabajo y los recortes de los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios, incluyendo a los socialcristianos Johnny Leiva y Rosibel Ramos, y a Ottón Solís del PAC; como lo insistió y defendió consistentemente el diputado Gerardo Vargas del PUSC.
Mientras no se contenga el crecimiento desmesurado del gasto del Gobierno y no se ejecuten acciones concretas para disminuir los gastos públicos; mientras no se aprueben y apliquen recortes sustantivos al gasto aprobado para 2015 y mientras no se establezcan reglas constitucionales de limitación al gasto público (como he propuesto insistentemente —ver Recomendación RA6 Bis, pág. 39, de la Junta de Notables—); sería irresponsable apoyar cualquier reforma tributaria y aún más, si se trata de nuevos impuestos o cargas sobre los costarricenses.
Soy consciente de la difícil situación fiscal del país y soy consciente también de que el problema fiscal transciende el del Presupuesto del Gobierno central, pero si no le ponemos límites a este y no le recortamos partidas presupuestarias en forma significativa, el país enfrentará serios problemas económicos y sociales.
Conviene, además, aprobar una reforma constitucional al artículo 176 para establecer un límite constitucional al endeudamiento público y un límite porcentual máximo al déficit fiscal del 3% a alcanzar en los próximos tres años a partir de 2015, con válvulas para enfrentar situaciones de crisis económica.
Así lo establecen los tratados de la Unión Europea y así lo establecen las Constituciones de países como Alemania y recientemente España. Debería exigirse, además, que la Contraloría General de la República deba dictaminar y proyectar el impacto presupuestario que tendría cualquier proyecto de ley; permitir que el Presupuesto pueda fijar límites máximos al crecimiento presupuestario, al empleo público y a los beneficios de las instituciones autónomas.
“Si no le zocamos la faja al gobierno, el gobierno nos la zocará a todos los demás”, afirmé en setiembre a propósito del proyecto del Presupuesto de 2015.
 

Rodolfo E. Piza Rocafort

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